Miles de personas marcharon en Bogotá, la capital de Colombia, para exigir el fin de las protestas y los bloqueos de carreteras, así como para expresar su apoyo a las fuerzas de seguridad tras un mes de manifestaciones, mientras el gobierno y los líderes de las protestas reanudaban las conversaciones.
Las protestas generalizadas comenzaron a finales de abril en rechazo a una reforma tributaria que sucumbió, pero desde entonces se han expandido para pedir un ingreso básico a los pobres, oportunidades laborales y de educación para los jóvenes y para poner fin a la violencia policial, entre otras demandas.
El mes de protestas ha estado marcado por la violencia. Hasta ahora, el gobierno nacional ha vinculado a las manifestaciones 17 muertes de civiles y de dos policías, mientras que grupos de derechos humanos dicen que las fuerzas de seguridad han matado a decenas de personas más.
Pero las cifras no incorporan aún las víctimas de las marchas del viernes en la tercera ciudad más grande del país, Cali, en donde 13 personas murieron y sobre las que no se tiene certeza de cuál es el número de decesos relacionados con las protestas.
Usualmente las protestas desembocan en el cierre del comercio por temores a saqueos, así como la interrupción del sistema público de transporte que obliga a los trabajadores a caminar horas para llegar a sus lugares de trabajo o a sus hogares.
Ondeando banderas y vestidos de blanco, grandes multitudes marcharon por el centro de Bogotá el domingo para pedir el fin de las protestas, así como los bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos y suministros en algunas partes del país.
"Nos están secuestrando las ciudades, nos están parando la economía", dijo Patricia González, de 45 años mientras caminaba.
Aunque reconoció el uso de fuerza excesiva por parte de algunos policías, González dijo que no todos los policías eran corruptos y que las protestas habían durado el tiempo suficiente. Las conversaciones entre el gobierno y los líderes de las protestas nacionales se reiniciarán el domingo, después de estancarse la semana pasada.
Si bien el lunes se alcanzó un "preacuerdo" para iniciar las negociaciones formales, desde entonces los organizadores de la huelga han acusado al gobierno de dilatar deliberadamente las conversaciones al no firmar el acuerdo.
El Ejecutivo de Iván Duque dice que los líderes de la protesta deben condenar los bloqueos de carreteras como parte del preacuerdo, calificando el punto como no negociable. Desde Ginebra, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por los ataques en Cali.
"Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", dijo en un comunicado.
dmr