EU: congresistas, por sanción en Nicaragua

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que condena la violencia del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y llama a la administración de Donald Trump a identificar a los implicados en ella para que sean sancionados.

La resolución fue impulsada por legisladores de ambos partidos y “condena la violencia, persecución, intimidación y asesinatos de manifestantes pacíficos por parte del gobierno de Nicaragua”. También llama a EU a seguir condenando las “atrocidades” en el país centroamericano.

El texto pide “identificar a aquellos cuya implicación en esta violencia los cualifique para la imposición de sanciones” bajo la Ley Global Magnitsky, que permite a EU sancionar a acusados de violar los derechos humanos y de corrupción.

Esta ley fue usada por la administración Trump para imponer el 5 de julio las primeras sanciones contra tres funcionarios del círculo de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril y a la fecha ha dejado más de 350 muertos y dos mil heridos, así como cientos de detenidos, torturados y desaparecidos, según organismos humanitarios. El gobierno solo registra 56 muertes.

En Managua, el Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó que la estudiante brasileña de medicina Rayneia Lima, con seis años en Nicaragua y que falleció el martes, murió por un disparo.

El IML, adscrito al Poder Judicial, dio a conocer la autopsia realizada ayer al cuerpo de la joven, que permitió determinar que su muerte fue causada por una “herida de proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen”, informó el canal privado 100% Noticias, que publicó el documento.

La sudamericana fue baleada la medianoche (local) del lunes por desconocidos en la entrada del barrio Monserrat de Managua y murió poco después en un hospital capitalino.

Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que la joven fue atacada en una zona protegida por paramilitares que resguardan las casas de varios funcionarios del gobierno, entre ellos Francisco López, vicegerente de la petrolera venezolana-nicaragüense Albanisa y tesorero del Frente Sandinista (FSLN), el partido de Ortega.

López fue uno de los sancionados el 5 de julio por el Departamento de Estado de EU en el marco de la Ley Global Magnitsky. Carrión dijo que el auto que la joven conducía fue retirado del lugar y se ignora su paradero.

El gobierno de Brasil exigió el martes a Nicaragua una investigación exhaustiva de lo ocurrido y convocó a su embajador en Managua y a la embajadora nicaragüense en Brasilia.

Por separado, la Alianza Cívica y la Articulación de Movimientos Sociales, que dirigen las protestas de estudiantes, campesinos, sociedad y empresarios, llamaron a celebrar este jueves “100 días de la resistencia no violenta” con mítines y marchas en Managua y otras ciudades del país.

A su vez, el sociólogo y economista Óscar René Vargas, de 68 años, denunció ante la agencia DPA que existe una orden de captura de la Policía en su contra, según le alertaron sus allegados, por lo que decidió abandonar su domicilio para evitar ser arrestado.

El cofundador del FSLN y asesor de Ortega en su primera etapa de gobierno (1985-1990), es hoy un crítico del régimen.

CLAVES

TORTURA A CAMPESINOS

La organización Comisión Permanente de los Derechos Humanos acusó en Managua a la Policía de aplicar torturas a opositores detenidos.

Julio Montenegro, asesor legal del organismo, denunció que entre las víctimas figuran los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, capturados el 13 de julio.

Cuatro días después, el 17 y sin abogados, fueron acusados de siete delitos, incluidos “terrorismo y crimen organizado”.

ONG DE MÉXICO PIDEN ACCIÓN INTERNACIONAL

Tres organizaciones civiles mexicanas dieron a conocer que recabaron cerca de 43 mil firmas para pedir a la comunidad internacional “una actuación urgente” ante la “represión y violación de derechos humanos” en la crisis política de Nicaragua, que ha dejado varios centenares de muertos en los últimos 100 días.

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, CitizenGO y el Colectivo de Ciudadanos por México acudieron la mañana del miércoles a la embajada de Nicaragua en la Ciudad de México para “manifestar la solidaridad con todas las víctimas y las familias” y pedir la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Las agrupaciones pidieron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que intervenga en Nicaragua “para garantizar el orden y la estabilidad”, y a los tribunales internacionales que estudien “si los altos mandos policiales y el gobierno de Ortega incurrieron en un delito de lesa humanidad.

“La situación que vive Nicaragua es muy alarmante, ya que no existe estado de derecho, y México no puede mirar hacia otro lado”, sostuvieron las organizaciones en un boletín.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 295 y 351 muertos en tres meses, en su mayoría adolescentes y jóvenes, además de más de 2 mil heridos y centenares de detenidos y desaparecidos, y que es la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega presidió junto a otros líderes sandinistas la revolución que derrocó a la dinastía de los Somoza (1934-1979) y terminó en 1990.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al gobierno de Ortega por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos contra la población mayoritariamente joven del país”.

Las protestas iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.