Un grupo de expertos fichados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para investigar la situación en Venezuela pidió denunciar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa ocurridos que asegura que cometió desde 2014.
Ha habido un "ataque generalizado y sistemático", dijo el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de los tres expertos que realizaron la investigación. "El panel ha visto clara persecución política presente en todos los crímenes de lesa humanidad presentados en nuestro informe".
Los expertos consideran que la CPI debería investigar la responsabilidad individual de 11 miembros del gobierno de Maduro -incluido el propio mandatario y su vicepresidente, Tareck El Aissami- y de las Fuerzas Armadas en las acciones denunciadas.
"Solamente puede haber justicia si se juzga a los más altos responsables", manifestó Almagro en la presentación del informe ante la prensa en la sede de la OEA, en Washington.
El reporte que recibió el político uruguayo consta de 400 páginas a las que se suman otras 400 de anexos y documenta, entre otras cosas, 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas contra el gobierno, 289 casos de tortura, 192 de violencia sexual, así como detenciones arbitrarias que en casos llevaron a "desapariciones forzosas" desde 2014.
Cantón detalló que en Venezuela ha habido 8.292 homicidios desde 2015, de los cuales sospecha que muchos podrían ser también ejecuciones extrajudiciales. Cifró en 12 mil las detenciones arbitrarias desde la elección de Maduro en 2013.
Venezuela puede ser denunciada ante la CPI porque es uno de los países que ratificaron el Estatuto de Roma, con el que nació la corte, que empezó a operar en 2003. Pero la OEA como institución no puede presentar una denuncia que abra una investigación de la fiscalía en La Haya.
Para ello, la denuncia debe provenir de al menos un país que haya ratificado el tratado fundacional de la CPI. De los 34 miembros de la OEA, el Estatuto de Roma lo ratificaron otros 27 además de Venezuela. A ellos dirigen los expertos la apelación.
Nunca en los 15 años que lleva funcionando la corte, un Estado ha denunciado a otro, por lo que la denuncia contra el gobierno de Maduro sería histórica. Cantón aseguró a preguntas de dpa que varios países han consultado al panel de expertos sobre ese proceso, pero no quiso dar los nombres.
Estados Unidos acusó la semana pasada a Maduro de "crímenes contra la humanidad" a través del principal asesor de Donald Trump para América Latina, pero el país norteamericano no puede denunciar al gobierno chavista en La Haya porque no ha ratificado el tratado.
La investigación que ha llevado al reporte presentado hoy no fue una iniciativa de la OEA como organización, sino de Almagro, uno de los mayores críticos de Maduro en la esfera internacional y quien el año pasado presentó un informe sobre Venezuela en el que aseguraba la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Junto a Cantón, los autores del documento presentado hoy son el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e Irwin Cotler, ex ministro de Justicia y ex fiscal general de Canadá. Su reporte ha sido asumido como propio por la secretaría general de la OEA.
La petición de denunciar al gobierno de Maduro ante la CPI llega en medio de la presión y del creciente aislamiento internacionales, que se han incrementado tras las elecciones presidenciales del 20 de mayo, no reconocidas por gran parte de los miembros de la OEA y por otros actores como la Unión Europea (UE). Tiene lugar además pocos días antes de que la OEA celebre en Washington su Asamblea General anual, el 4 y 5 de junio, que estará centrada en Venezuela.
La investigación tuvo su punto central en un proceso de audiencias celebradas en la sede de la organización, en las que comparecieron, entre otros, opositores políticos y víctimas y familiares. El gobierno de Maduro fue invitado pero rechazó acudir.
El informe llega con más de medio año de retraso y tras la polémica por la salida de las pesquisas del jurista argentino Luis Moreno Ocampo, que fue el primer fiscal jefe que tuvo la CPI. A él le encargó Almagro la investigación en julio de 2017, pero Ocampo salió de ella tres meses después, cuando la prensa publicó que mientras estuvo en La Haya tuvo al menos una empresa en un paraíso fiscal.
La CPI abrió en febrero de este año un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela en el contexto de la ola de protestas de 2017 tras las denuncias de varios legisladores latinoamericanos. Como no fueron de un Estado, no se abrió una investigación oficial, sino que esa opción se estudia aún. Uno de esos legisladores fue el candidato conservador a la presidencia de Colombia Iván Duque, que ha asegurado que denunciará a Maduro ante la CPI en nombre de su país si es presidente.
jamj