El ex secretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados por un escándalo de presunta corrupción que salpica al mandatario Pedro Castillo, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días, informó este martes la fiscalía.
"Quiero anunciar a todos los peruanos que el señor Bruno Pacheco se ha entregado a la justicia", dijo la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una declaración.
Pacheco permanece detenido bajo custodia policial desde el sábado, cuando negoció su entrega con fiscales especiales, según la Fiscal. El ex hombre de confianza de Castillo estuvo 103 días prófugo y es investigado desde fines de 2021 por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias tras hallarse 20 mil dólares en efectivo en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo.
El presidente peruano consideró "satisfactorio" que quien fuera su mano derecha se haya puesto a disposición de la justicia. "Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo, esperamos que se imponga la verdad", dijo Castillo en Twitter.
El presidente peruano acumula cinco investigaciones de la fiscalía, una situación inédita para un mandatario en ejercicio. En un video divulgado en marzo antes de pasar a la clandestinidad Pacheco se dijo dispuesto "a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan".
"Tengan la seguridad de que si alguien es culpable o inocente lo diré, pero ante un juez o un fiscal”, añadió.
Tras la entrega, el Poder Judicial modificó este martes una orden de prisión preventiva a Pacheco que ordenó en abril por una de arresto domiciliario. El abogado de Castillo, Benji Espinoza, expresó su molestia por la demora de la fiscalía en hacer pública la entrega de Pacheco.
"Será la Fiscalía la que diga por qué no lo informó, porque finalmente qué riesgo podría haber. Por qué la necesidad de tenerlo en clandestino en sus instalaciones coordinando", dijo Espinoza a la radio RPP.
El ex funcionario renunció a su cargo en noviembre luego de hallarse el dinero en el baño, cuya procedencia no pudo explicar con solidez. Los 20 mil dólares fueron el punto de partida para una investigación a un consorcio sospechoso de obtener obras públicas a cambio de dinero.
El caso, conocido como "Puente Tarata III", busca determinar si un ex ministro de Transportes, seis legisladores y un sobrino de Castillo, integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder contratos de obras públicas. Por el caso, el presidente Castillo declaró el 17 de junio ante la fiscalía.
dr