La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva proposición acusatoria contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez por delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte por el fallecimiento de civiles en 2019 con disparos de bala.
La Fiscalía hizo pública esa admisión este lunes por las masacres de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, donde una veintena de personas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas conjuntas de seguridad de policías y militares.
La Fiscalía "confirma al Tribunal Supremo de Justicia que inició fase de acumulación de antecedentes", se señala en la publicación de la entidad en Facebook que está acompañada por la notificación de "inicio de investigaciones".
En el documento se indica específicamente a la ex mandataria interina "por la presunta comisión" de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte en una denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas.
Los hechos de Sacaba se registraron el 15 de noviembre de 2019 durante una marcha en la que los manifestantes pedían el respeto a la victoria de Evo Morales en los comicios anulados de ese año.
Cuatro días después pobladores hicieron un bloqueo en inmediaciones de la planta de combustibles de Senkata, en la zona alteña del mismo nombre, y se enfrentaron con las fuerzas militares que buscaban habilitar el paso en el lugar.
La versión del gobierno interino en ese momento fue que los disparos se produjeron entre los mismos manifestantes y que las fuerzas de seguridad no habían utilizado armamento letal, mientras que algunos organismos como la Defensoría del Pueblo establecieron que hubo un uso desmedido de la fuerza.
La acción de la Fiscalía podría derivar en la entrega de la investigación para que el Congreso se pronuncie sobre el juicio de responsabilidades contra la ex mandataria, quien lleva casi cuatro meses recluida en una cárcel de La Paz por otro proceso en el que se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración.
Esas acusaciones son parte del caso llamado "golpe de Estado" por el que también se procesa a ex ministros del Gobierno transitorio, además de ex jefes policiales y militares.
En el Parlamento boliviano también están otras proposiciones acusatorias contra Áñez por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.
Esta nueva acción judicial contra la ex mandataria se produce unos días después del anuncio de su defensa de pedir la cesación a su detención con base en decenas de nuevas evidencias que, a juicio de los abogados de Áñez, la liberan de toda participación en un supuesto "golpe de Estado".
Dos ex comandantes fueron detenidos por el caso "golpe de Estado" en Bolivia
La Justicia boliviana también dispuso que otros dos ex jefes militares cumplan detención preventiva por el caso llamado "golpe de Estado", una investigación que se desarrolla para determinar responsabilidades por la crisis política y social de 2019.
Los ex comandantes de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara y de la Armada Palmiro Jarjuri Jara "formaban parte del alto mando militar" y "han participado durante la sugerencia" de renuncia que hizo el ex comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman a Evo Morales en 2019 para que dejará la Presidencia del país, dijo este lunes la fiscal Magaly Bustamante.
Bustamante manifestó que los argumentos de la Fiscalía se basaron además en declaraciones a "varios personajes" que dieron su versión sobre los sucesos de 2019 y el rol que los acusados tuvieron "antes, durante y después de los hechos de octubre y noviembre" de ese año.
Ambos militares fueron aprehendidos el pasado sábado en la ciudad de Santa Cruz y trasladados a La Paz, donde este domingo un juez dispuso su detención preventiva bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración. La fiscal detalló que Terceros prestó su declaración informativa, mientras que Jarjuri optó por atenerse a su derecho al silencio.
Terceros aseguró en una entrevista con el diario Página Siete que el entonces comandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman sabía horas antes que Morales iba a renunciar el 10 de noviembre de 2019 y que propuso un "pronunciamiento" con la sugerencia de renuncia con el fin de "hacer quedar bien" a la institución y que, según dijo, fue "unilateral".
Hasta ahora son cuatro los ex militares que ya cumplen detención preventiva y dos más serán citados para establecer su responsabilidad en ese suceso, entre los que se cree está Kaliman, de quien se desconoce su paradero, dijo la fiscal.
El caso llamado "golpe de Estado" se funda en la denuncia presentada a fines del año pasado por una ex parlamentaria del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que consideró que los sucesos que derivaron en la renuncia de Morales a la Presidencia fueron una ruptura constitucional y no un fraude en los comicios anulados de ese año.
Por este caso también cumplen detención preventiva la ex presidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros recluidos hace casi cuatro meses en cárceles de La Paz.
Aunque la denuncia también incluía como principal acusado al gobernador de Santa, Cruz Luis Fernando Camacho, y a su padre, José Luis Camacho Parada, la Justicia todavía no ha desarrollado acciones contra ellos.
Bustamante mencionó que la Fiscalía todavía está en proceso de "agluntinar la información" para citar a declarar a Evo Morales y al ex vicepresidente Álvaro García Linera que figuran en ese proceso como testigos.
dmr