El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, aseguró el pasado viernes que investigará una supuesta negociación entre la administración del presidente Nayib Bukele y líderes de una peligrosa pandilla que habría tenido como objetivo reducir los homicidios en el país y obtener apoyos electorales a cambio de beneficios carcelarios.
Citando documentos oficiales del sistema penitenciario, el periódico El Faro publicó en la víspera que altos funcionarios llevan más de un año conversando con cabecillas de la Mara Salvatrucha, uno de los grupos delincuenciales responsables de la ola de violencia en Centroamérica en los últimos años.
"En este caso, por supuesto que vamos a investigar, vamos a abrir la investigación correspondiente y vamos a ver qué es lo que sucede. Nadie debe de aprovecharse de la institucionalidad para negociar con terroristas", dijo el fiscal Raúl Melara a la televisión local.
Durante los 14 meses de la gestión de Bukele, El Salvador ha reportado una notable reducción en la cifra de homicidios que, con 829 casos, ha caído en un 56 por ciento de enero a septiembre respecto al mismo período del año anterior.
El gobierno atribuye el fenómeno a la implementación de un plan de seguridad en los territorios bajo dominio de las pandillas y a medidas más estrictas en las cárceles. "El artículo es una farsa", escribió Bukele en su cuenta de Twitter, respecto al reportaje de El Faro.
"Diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales hacen recorrido en Centro Penal de Quezaltepeque, constatando de primera mano que las diferentes pandillas se encuentran mezcladas y bajo estrictas medidas de seguridad, sin ningún tipo de privilegio e incomunicados", dijo, por su parte, Osiris Luna, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales.
En la cárcel, ubicada a unos 20 kilómetros al norte de San Salvador, hay mil 776 reos de la Mara Salvatrucha (MS) y las dos facciones de su enemiga Barrio 18. Los pandilleros comparten las celdas.
"No sabemos nada de eso (de las negociaciones)", confesó Baltazar Leiva, miembro de la MS al interior de una celda junto a otras 67 personas, miembros del Barrio 18. Otro pandillero de la MS-13 en Izalco aseguró bajo anonimato que "no hemos negociado nada con nadie".
"Cuál negociación, cuáles beneficios, no tenemos nada", dijo a la AFP otro pandillero de la MS-13 en la cárcel de Quezaltepeque, 20 kilómetros al norte de San Salvador.
Varios políticos y ex funcionarios de El Salvador han sido investigados y procesados judicialmente por supuestos acuerdos con pandillas, famosas por su ferocidad, rituales y tatuajes, a cambio de beneficios y respaldo electoral.
El Salvador, Guatemala y Honduras, sufren desde hace años la violencia de las pandillas o "maras", que tienen sus raíces en la actividad delictiva de inmigrantes centroamericanos en la ciudad estadunidense de Los Ángeles en las décadas de 1980 y 1990.
Gobierno de El Salvador muestra estrictas condiciones de pandilleros
El gobierno de El Salvador mostró también viernes las "estrictas" condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país.
Pandilleros del Barrio 18 y de su rival Mara Salvatrucha (MS-13) mezclados y hacinados en las celdas, sin camisa, solo usando calzoneta blanca y con mascarillas en su rostro por prevención por la pandemia del coronavirus, era el panorama que se observaba en ambas prisiones.
"Nosotros estamos desesperados, no podemos ver a nuestros familiares desde hace mucho tiempo, no podemos hablar con nadie, tenemos nuestras necesidades y nuestras enfermedades, pero con este encierro todo parece imposible", dijo Denis Flores, uno de los 2 mil 600 pandilleros recluidos en la prisión de Izalco, 66 kms al oeste de San Salvador.
"El presidente ha sido claro, con el Estado nadie va a negociar y se va a hacer cumplir la ley", señaló Luna. "Estamos haciendo cumplir las medidas estrictas, no estamos dando beneficios a nadie", añadió, asegurando que los reos se mantienen en sus celdas y solo salen para chequeos médicos, como establecen las condiciones implementadas hace meses en las cárceles con pandilleros para evitar la comunicación entre ellos.
El Barrio 18 y la MS-13 son las principales pandillas que operan en El Salvador y son señaladas por el gobierno como las mayores generadoras de violencia en el país. Cifras oficiales indican que Bukele recibió el país en junio de 2019 con una tasa de 52 homicidios por cada 100 mil habitantes, que cerró ese mismo año en 36.
En El Salvador, las pandillas tienen unos 70 mil miembros, más de 17 mil de ellos encarcelados, y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales.
dmr