Después de 44 años, el cuerpo del dictador español Francisco Franco salió hoy, sin ningún tipo de honores, del monumental Valle de los Caídos, un sitio que ordenó construir con mano de obra de los republicanos vencidos, para ser trasladado al modesto cementerio de Mingorrubio-El Pardo, a unos 15 kilómetros del centro de Madrid.
La exhumación del dictador fue una de las promesas que hizo el actual presidente en funciones de España, el socialista Pedro Sánchez, cuando hace más de un año echó a su antecesor Mariano Rajoy tras una moción de censura.
Así que después de extraordinarios trámites burocráticos, pleitos con la familia de Franco, y con el obstáculo de la derecha española, Partido Popular (PP) y Ciudadanos, el Ejecutivo socialista tuvo luz verde del Tribunal Supremo para llevar a cabo la exhumación.
El gobierno indicó que lo hizo “en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007, de la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los diputados en 2017 y de los acuerdos adoptados posteriormente por el ejecutivo presidido por Sánchez en 2019”.
Explicó que “ha defendido desde el principio del proceso que los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Histórica”.
Recordó que “la sentencia firme y unánime del Tribunal Supremo del pasado 30 de septiembre puso fin al proceso contencioso-administrativo interpuesto por la familia para intentar impedir su salida del Valle de los Caídos. El presidente Pedro Sánchez, señaló tras conocerse el fallo que de esta manera se cerraba simbólicamente el círculo de la democracia española”.
El traslado del cuerpo de Franco
El gobierno blindó el proceso de exhumación para evitar cualquier tipo de imagen y sonido en la extracción del féretro en el Valle de los Caídos, ni en el posterior entierro de los restos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.
Para ello, se instalaron un escáner y un detector de metales. Los 22 familiares del dictador, así como las autoridades y operarios que participaron, pasaron sus pertenencias por ambos aparatos.
Como medida de seguridad adicional, se levantó una carpa sobre la tumba de Franco a la que sólo pudieron acceder dos familiares, los operarios, un forense y las autoridades del Estado presentes, entre ellas, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en su condición de notaria mayor del Reino de España.
Los restos del dictador estaban en una caja de zinc sellada, introducida a su vez dentro de un ataúd de madera.
A petición de la familia Franco, el prior de la Basílica bendijo los restos cuando salieron de la carpa.
Posteriormente, el féretro fue sacado de la Basílica a hombros por los familiares de Franco hasta la explanada del Valle, donde les esperaba el coche fúnebre. No se les permitió cubrir el ataúd con la bandera de España, como habían solicitado, ni tampoco se rindió ningún tipo de honores.
El traslado del féretro a Mingorrubio se hizo en un helicóptero Puma del Gobierno, por seguridad y con el fin de acortar tiempos.
Ya en Mingorrubio, y dentro de lo que el gobierno entendió como una ceremonia íntima de enterramiento, a petición de la familia se ofreció una misa.
La oficialista Televisión Española (TVE) transmitió en exclusiva la señal desde la explanada del Valle de los Caídos y en Mingorrubio, donde sólo personal de la televisión del Estado y fotógrafos de la también oficialista agencia EFE pudieron aproximarse al panteón.
Un acto al que se acreditaron 18 países para la cobertura. La operación tuvo un costo de 63 mil euros, unos 70 mil dólares.
Además, un grupo de franquistas se aproximó al cementerio para lanzar vítores al dictador. La policía los tuvo que alejar casi a un kilómetro de la puerta de entrada.
El Partido Socialista gobernó España durante 22 años antes de que llegara Pedro Sánchez a la presidencia. Sus antecesores Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero no pudieron dar solución a un conflicto histórico que suponía tener enterrado en un monumental mausoleo construido por presos republicanos a un dictador y a 33 mil víctimas de la Guerra Civil, sepultadas allí contra la voluntad de sus familias.
Sánchez lo hizo, con la derecha y sus votantes en contra. Pero finalmente el dictador salió del Valle de los Caídos donde fue llevado por petición del entonces muy joven rey Juan Carlos.
El dictador compartirá cementerio, además de con su esposa Carmen Polo, con destacados dirigentes de su régimen como sus dos últimos presidentes del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973, y Carlos Arias Navarro, que anunció la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975.
De esta manera, Pedro Sánchez iniciará la campaña electoral habiendo cumplido por fin su promesa de sacar a Franco del Valle de los Caídos, una bandera que originalmente previó blandir de cara a las elecciones de abril pasado y que los constantes recursos de la familia para impedir la medida le han devuelto como baza electoral para los comicios del próximo 10 de noviembre.
¿Qué pasará con el Valle de los Caídos?
Con la salida de Franco del Valle de los Caídos, se abre un nuevo capítulo en el que la principal incógnita será qué hacer con el hasta ahora mausoleo franquista, y qué se hará con los monjes benedictinos, que viven allí. La idea del gobierno es clara: sacarlos también.
Los 20 monjes reciben 340 mil euros al año del Estado por dar misa y hacer ejercicios espirituales, una transferencia que les llegaba desde Patrimonio Nacional hasta que el Gobierno de Sánchez la congeló porque el prior de la basílica se niega a presentar un presupuesto de ingresos.
Respecto a qué hacer con el Valle de los Caídos, la Comisión encargada de definir su futuro apostó, en 2011, por convertirlo en un memorial de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Reacciones de la oposición
El líder de la oposición y del PP, Pablo Casado, siempre se manifestó en contra de la exhumación. Hoy ni siquiera mencionó el nombre de Franco. Eso sí, señaló que hay “un gobierno que nos lleva a la crisis, tras el peor verano para el empleo desde 2012” en relación a los datos de trabajo dados a conocer esta mañana. “La propaganda no resuelve los problemas de los españoles, siempre que gobierna el PSOE vuelve el paro y el despilfarro”.
Albert Rivera, presidente de Ciudadanos: “La buena noticia de hoy es que el gobierno dejará de hablar de los huesos de Franco. Es momento de hablar de los problemas de España; somos el país con más desempleo de Europa, junto a Grecia y Polonia, y la caja de las pensiones está vacía”.
Pablo Iglesias, líder de Podemos (extrema izquierda): “Hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni a atribuirse méritos. Aún no se ha hecho justicia con las víctimas del franquismo.
Hoy es día para darle las gracias a las asociaciones de víctimas y a los colectivos de la Memoria Histórica, que han empujado y empujarán la dignidad y la justicia”.
jamj