El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, dijo que el gobierno convocará a un referendo para proponer que se cambie la Constitución, renovando una propuesta de campaña destinada a impulsar el papel del Estado en la economía del país.
Torres afirmó que se le envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Constitución con el propósito de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna, agregando que el proceso es largo y que la ciudadanía decidirá si convoca a la asamblea.
El anuncio del gobierno renueva una promesa de campaña del presidente Pedro Castillo que casi había abandonado en el cargo y llega en un momento en que tanto él como el Congreso son muy impopulares.
El primer ministro aseguró este lunes que la propuesta de convocar a una asamblea constituyente busca acabar con la inestabilidad política que vive su país, aunque admitió que la decisión final sobre ese tema deberá ser tomada por el Congreso.
"Esa es la situación, es nuestra realidad, no es de hace meses, es de hace mas de cinco años, esa incertidumbre política existe hace más de cinco años, el Perú no puede seguir viviendo una situación así", remarcó Torres durante una rueda de prensa.
El primer ministro reconoció, sin embargo, que "será el Congreso el que establezca" si se acepta el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que, en principio, ya ha sido rechazado por un sector de la Asamblea Nacional, que domina la oposición política.
"Si el Congreso rechaza el proyecto que hemos presentado, nuestra actitud va a ser la misma que cuando el Congreso no somete a debate los proyectos que hemos enviado. O sea, no va a haber nada frente a esa decisión", remarcó Torres.
El presidente peruano, Pedro Castillo, envió este lunes al Congreso un proyecto para una reforma constitucional que permita la convocatoria de una Asamblea Constituyente, así como un referéndum para consultar a los ciudadanos si desean una nueva carta magna.
En un oficio remitido a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, el mandatario solicitó que esta iniciativa legislativa de "carácter de urgencia" sea sometida a debate y votación ante el pleno del hemiciclo. Asimismo, pidió que la propuesta se consulte a la población mediante un referéndum el 2 de octubre próximo, cuando se celebrarán elecciones municipales y regionales en el país.
Poco después de conocerse el texto, Torres detalló que, de ganar el "sí" en el referéndum, tendrá que convocar a la Asamblea Constituyente, que se encargará de redactar una nueva carta magna que sustituya la vigente, implementada en 1993 por el régimen de Alberto Fujimori.
El primer ministro insistió en que ni Castillo ni los miembros de su gobierno redactarán "una sola letra" de la posible nueva Constitución, tal y como establece el proyecto, que dispone que durante la elaboración todos lo organismos "mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones".
"Esa nueva Constitución se someterá nuevamente a referéndum para ser aprobada por la población", señaló el primer ministro, tras recordar que se trata de un proceso "dilatado" y no inmediato.
Actualmente, el oficialismo cuenta con 32 de los 130 asientos del Congreso, además del respaldo de 12 diputados de otras formaciones afines al Ejecutivo. La medida poco probable que sea aprobada en un legislativo controlado por la oposición.
En Perú, toda reforma constitucional debe recibir el voto favorable de la mayoría absoluta de los parlamentarios y ser sometida a referéndum o pasar por dos votaciones en dos legislaturas.
Este lunes, antes de recibir el proyecto del Ejecutivo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que la propuesta es "inconstitucional e inviable" y "una distracción" que tiene como objetivo final el cierre del Parlamento.
"Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere, desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso", dijo.
Torres respondió, al respecto, que el gobierno "en ningún momento" ha buscado el cierre del Congreso, "ni en los momentos más difíciles... aún cuando el presidente estaba a punto de ser vacado (destituido)" por el Legislativo.
Aseguró que "es una realidad desde el primer día se buscó la vacancia" de Castillo y que esa posición "genera una incertidumbre política, que puede traer gravísimas consecuencias en el desarrollo económico y en todo el desarrollo social. Si quiere, el Congreso lo debate, lo aprueba, o sino lo archiva", reiteró antes de enfatizar que el gobierno tiene "que cumplir" "con lo que pide un sector de la población".
Aceptó, en ese sentido, que el pedido de un cambio en la Constitución es mayoritario en provincias, pero que Lima, que reúne a un tercio de los peruanos, "está en contra".
"Pero esto se tiene que resolver en un referéndum, el pueblo decidirá, el poder soberano", concluyó.
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