El Ministerio Público de Guatemala solicitó este martes, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza, Erika Aifán, una magistrada en casos de alto impacto que ha sido ampliamente elogiada por Estados Unidos.
La nueva solicitud de antejuicio —retiro de inmunidad, solicitud de fuero— obedece a la "posible" participación de la jueza en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato", según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
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El pasado domingo, Estados Unidos acusó al gobierno de Guatemala de "debilitar" el sistema judicial del país e intentar "obstruir las investigaciones sobre corrupción" después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán.
Dicha solicitud contra Aifán "es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Ned Price.
La primera solicitud de retiro de inmunidad contra la jueza, la del 13 de enero, se originó por un caso sobre los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020, mientras que el de este martes tiene como base un caso contra el periodista Juan Luis Font por la trama Odebrecht.
El vocero del departamento de Estado recordó el domingo que el año pasado Aifán fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadunidense, "por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala".
Aifán es titular del Juzgado de Mayor Riesgo "D" del Organismo Judicial guatemalteco y maneja varios cargos de alto impacto, incluido el de los amaños en 2020 para la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, un proceso que debió realizarse en 2019 y permanece detenido.
La mencionada elección, que incluye también la designación de otros 200 jueces, es clave para la lucha anticorrupción de Guatemala durante los próximos años, en opinión de expertos.
Aifán lamenta acusaciones en su contra
En entrevista con MILENIO Televisión con Alejandro Domínguez, Aifán aseguró que todo este proceso es un esfuerzo para "obstruir" sus avances judiciales, reiterando que cuenta con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Estoy a cargo de uno de los juzgados de mayor riesgo en el país, ya que atienden los casos de alto impacto, los casos graves en el país, vinculados al narcotráfico, el lavado de dinero, la violación de derechos humanos y la corrupción. Han existido durante una serie de acciones para criminalizar mi trabajo, obstaculizar las acciones que hago, al punto que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) me ha otorgado medidas cautelares por esas amenazas y hostigamiento en mi contra", aseguró la jueza Aifán en MILENIO Televisión.
Añadió que el caso no ha avanzado en el Ministerio Público de Guatemala, asegurando que no se han proporcionado los nombres de las personas que la mantienen en hostigamiento, y reiteró que se seguirá manteniendo en el cargo pese a las amenazas en su contra.
"Han sido muchas personas, colectivas, organizaciones de derechos humanos, personas del cuerpo diplomático, entre ellas el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que han expresado el respaldo del trabajo que desarrollo", añadió.
Lamentó que en Guatemala no existan garantías del Estado, que por ello ha recibido medidas cautelares de la CIDH y que han presentado una nueva petición de protocolos provisionales para garantizar su seguridad.
La nueva solicitud de antejuicio por el MP
El Ministerio Público aseguró de igual forma este martes, en la nota de prensa, que Aifán "posiblemente abusó de su cargo" al "arrogarse una competencia" que no la había sido otorgada por la Corte Suprema de Justicia en el caso contra Font, que se "encuentra bajo reserva judicial".
Es por ello que fue solicitado el retiro de inmunidad, que quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia valorar si se le da trámite o no.
Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, al acusarla de obstruir la Justicia en casos de alto impacto.
De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni a los líderes de Honduras y El Salvador a una cumbre virtual sobre la democracia que organizó en diciembre.
La semana pasada, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó por teléfono a Giammattei y le pidió garantizar "que los actores corruptos rindan cuentas, al subrayar que la corrupción erosiona la confianza del público y socava la capacidad de gobernar de forma efectiva y responsable", según la Casa Blanca.
Harris fue designada por Biden para solucionar la crisis migratoria de la región, ya que cada año más de 500 mil hondureños, guatemaltecos y salvadoreños intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza en Centroamérica.
El lunes por la noche, el gobierno de Giammattei informó que promoverá sus "intereses" en Estados Unidos mediante un contrato de servicios de "lobby" en la nación norteamericana, con el apoyo de la cooperación de Taiwán.
dmr