El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vislumbró la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución el fin de semana por el Parlamento de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al Fiscal General.
"El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos", escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde este 1 de mayo.
Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 85 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.
También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.
¿Por qué el partido de Bukele quitó a los ministros de la Corte Suprema?
La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había contenido varias medidas presidenciales relacionadas con el manejo de la pandemia, la mayoría sobre regímenes de excepción, porque consideró que vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.
Bukele los había criticado duramente y acusado de no permitirles cuidar de la vida de sus ciudadanos.
Los magistrados destituidos y el fiscal general habían sido electos por la anterior legislatura controlada por los partidos tradicionales Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha) y la ex guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy minoría opositora. Ambos se alternaron en el poder en El Salvador entre 1989 y 2019.
"Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza", subrayó Bukele este lunes.
Socava negociación con el FMI
Para Rubén Zamora, un exembajador de El Salvador en Estados Unidos, Bukele "está metiendo al país a una crisis tremenda".
Según reportes financieros, los bonos soberanos de El Salvador que vencen en 2025 cayeron un 6 por ciento, mientras los de vencimiento a 2052 se derrumbaron hasta un 10 por ciento.
Todo esto ocurre mientras El Salvador negocia con el Fondo Monetario Internacional el financiamiento de al menos mil 300 millones de dólares para afrontar la emergencia derivada de la pandemia. La deuda pública del país ronda el 90 por ciento del PIB.
Según un reporte del banco de inversión Barclays, difundido por la prensa, la "agenda política (de El Salvador) socava la negociación" con el FMI y su relación con Washington y organismos internacionales.
El rechazo de la comunidad internacional
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la "profunda preocupación" de Washington "por la democracia de El Salvador".
Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria.
A los reclamos se sumó este lunes la Unión Europea. El jefe de la política exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones "atentan contra el estado de derecho" y pidió "salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador".
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó "a respetar las disposiciones constitucionales, el Estado de Derecho y la división de poderes, con el fin de preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz" de 1992 (que dio fin a la guerra civil), dijo su vocera, Stéphane Dujarric.
China apoya al gobierno de Bukele
En tanto, la embajada de China en San Salvador sostuvo que "la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la carta de la ONU", en clara sintonía con lo que exige Bukele a sus críticos.
El apoyo de China llega en momentos en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado retomar relaciones con Taiwán, considerado por los chinos una provincia rebelde.
El vicepresidente de Bukele, Félix Ulloa, cuestionó también las críticas internacionales: "para una superpotencia no hay señalamientos, pero para un pequeño país que comienza a ejercer la soberanía de su pueblo y a liberarse de las cadenas con la que las élites, los políticos y funcionarios corruptos lo tenían sometido, le salen al paso hipócritas y mojigatos".
dmr