El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió crear una comisión internacional que investigue las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela y llamó a la Corte Penal Internacional (CPI) a involucrarse en esta situación, ya que, dijo, el gobierno venezolano no muestra voluntad para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas.
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"El fracaso en que no se haga responsable a las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos tan graves sugiere que el Estado de derecho está prácticamente ausente en Venezuela", dijo Zeid Ra'ad Al Hussein, tras la divulgación de un informe lapidario sobre el país caribeño.
Zeid pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezca una comisión de investigación del más alto nivel para Venezuela y recomendó que la Corte Penal Internacional se "implique" más en todos aquellos casos de abusos donde no hay respuesta del Estado.
En febrero la Corte Penal Internacional inició exámenes preliminares por "presuntos crímenes" en el país durante manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.
La oficina de derechos humanos de la ONU, que examinó la represión de los manifestantes en un informe el año pasado, dijo que los nuevos hallazgos están relacionados principalmente con supuestos abusos cometidos durante supuestas operaciones contra la delincuencia.
El acceso de los investigadores de la ONU a Venezuela ha sido rechazado. Algunas de las conclusiones están basadas en el monitoreo de la situación a distancia y en entrevistas con víctimas, testigos, grupos de la sociedad civil y otros.
Otra evidencia incluye material compilado por la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien fue despedida por Maduro en agosto pasado y está viviendo en el exilio.
"La situación de los derechos humanos de los venezolanos es lamentable", declaró Zeid en un comunicado antes del informe que denuncia una política de represión de los opositores, que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la tortura con violencias sexuales, simulacros de ejecución y descargas eléctricas.
El responsable de la ONU advirtió que "cuando una caja de pastillas contra la hipertensión cuesta más caro que el salario mínimo mensual y la leche en polvo para bebé más de dos meses de salario, y cuando manifestar contra una situación así puede llevar a la cárcel, la injusticia extrema de todo eso es flagrante".
Este informe sale después de la publicación de un primer informe del Alto Comisionado, publicado en agosto de 2017, que denunciaba ya "el recurso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva durante las manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos".
El uso de la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratamientos continúan, según el Alto Comisionado, quien subraya que la represión llevada a cabo por las autoridades del Estado comenzó en 2014.
Como las autoridades venezolanas rechazaron el acceso al país a los expertos de la ONU, Zeid encargó un equipo de especialistas de derechos humanos entrevistar a distancia a unas 150 personas, entre ellas víctimas y sus familias, así como testigos, periodistas, abogados y médicos.
En conclusión, "teniendo en cuenta la magnitud y el alcance de las violaciones", el informe considera que los "Estados miembros del Consejo de derechos humanos deben crear una comisión de investigación internacional".
"Dado que el Estado no parece ni capaz ni dispuesto a procesar a los autores de las violaciones graves de derechos humanos, hay sólidas razones para pedir un compromiso creciente de la Corte Penal Internacional", subrayó el Alto Comisionado.
Según el informe, continúan aplicándose los métodos para "intimidar y reprimir a la oposición política o cualquier persona percibida como amenaza para el gobierno" y "las detenciones se han vuelto más selectivas que durante el periodo de las manifestaciones".
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Al menos 12 mil 320 personas fueron detenidas en el país entre enero de 2014 y abril de 2018, y más de 7 mil fueron liberadas con la condición de respetar ciertas medidas que les limitan sus libertades, subrayó el informe, que utiliza elementos comunicados por representantes de la sociedad civil.