La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) de Nicaragua pospuso una movilización prevista ayer como parte de una “nueva fase de resistencia cívica” contra el gobierno de Ortega, luego de que la Policía Nacional no autorizara la marcha argumentando que la oposición había cometido “graves alteraciones al orden público”.
El gobierno de Daniel Ortega endureció su política contra los movimientos disidentes y desplegó mas fuerzas policiales en las calles, rompiendo así la tregua mantenida en las últimas semanas. Desde septiembre, cuando declaró ilegales las protestas, la policía ha reprimido fuertemente la presencia de opositores en la calles.
En lugar de la movilización, la Unidad Nacional organizó una jornada de “piquetes exprés”, así como de “pitazo y cacerolazo”, en medio de un fuerte despliegue policial, principalmente en Managua.
Pequeños grupos de manifestantes antigubernamentales lanzaron globos y papelillos azul y blanco, los colores de la bandera de Nicaragua, en protesta contra el presidente Ortega, al que responsabilizan de la crisis.
El gobierno “una vez más viola la Constitución y los pocos acuerdos que ha firmado en la mesa de negociación” relativos a permitir el derecho a manifestarse, denunció la coalición, y agregó que “a todas luces queda claro que el régimen continúa imponiendo un estado de excepción a la expresión ciudadana y sigue sin dar muestras de voluntad política”.
La mesa de negociación establecida entre el gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se rompió el miércoles pasado a raíz de la falta de avances; el viernes un grupo de 50 manifestantes antigubernamentales fue puesto en libertad condicional por decisión de Ortega.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos grupos elevan a 568 los decesos; se calcula que hay unos 800 detenidos políticos, aunque el ejecutivo se niega a dar el listado completo.