Corte de Perú elimina prisión preventiva a un sobrino de Castillo acusado de corrupción

La Fiscalía consideró las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien indicó que los sobrinos de Castillo habían tenido injerencias indebidas.

La persona en cuestión es sobrino del presidente de Perú, Pedro Castillo (AFP)
Editorial Milenio
Lima, Perú /

La Corte Superior de Justicia de Lima revocó este martes la prisión preventiva contra uno de los dos sobrinos del presidente de Perú, Pedro Castillo, presuntamente implicado en una red de corrupción en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, si bien mantuvo una medida cautelar de comparecencia ante la autoridad.

Gian Marco Castillo, sobrino del mandatario, deberá asistir a "todas las diligencias que disponga la Fiscalía como el órgano jurisdiccional que sea citado, debiendo justificar sus actividades", según recoge el fallo de la corte.

Tampoco tendrá la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside ni podrá comunicarse con sus coencausados.

Por otra parte, el tribunal fijó en 50 mil soles (unos 13 mil 183 dólares / 265 mil 660 pesos mexicanos) la suma que por "concepto de caución deberá abonar el imputado en el plazo de 48 horas notificada la presente resolución".

Esta medida modifica la que adoptó el pasado 12 de abril el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, que ordenó 36 meses de prisión preventiva contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo.

Además, la segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima redujo la prisión preventiva de 36, a 24 meses del ex secretario presidencial, Bruno Pacheco, investigado igualmente por el mismo caso de corrupción.

Estos pronunciamientos se han dictado en el marco de las investigaciones fiscales sobre presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.

Según la Fiscalía, el Consorcio Puente Tarata III presuntamente fue favorecido en esta licitación a pesar de no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.

La Fiscalía consideró las declaraciones de la empresaria Karelim López, quien indicó que los sobrinos de Castillo, junto a Pacheco, habrían tenido injerencia indebida en la designación de funcionarios de Provías con el objetivo de direccionar obras.

RM

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