El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú ordenó este miércoles a Repsol que deje de mezclar arena impregnada con petróleo con arena limpia como "metodología de limpieza" del derrame de crudo ocurrido el pasado 15 de enero en una refinería operada por la trasnacional española en el norte de Lima.
A través de un comunicado, el organismo público, adscrito al Ministerio del Ambiente, precisó que esta acción se venía realizando en la zona supramareal de la playa San Gaspar, ubicada en la norteña provincia limeña de Huaral.
El OEFA dictó su cese "inmediato" y solicitó a Repsol acreditar la metodología utilizada como acción de limpieza en esta playa, así como su eficacia.
Además, recordó que medidas administrativas como esta son obligatorias y advirtió que su incumplimiento puede ocasionar la imposición de multas coercitivas de hasta 460 mil soles (unos 123 mil dólares / 2 millones 428 mil 938 pesos mexicanos) por cada una de ellas.
Tras conocerse esa información, el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, respaldó la decisión del OEFA y sostuvo que las autoridades visitaron la playa Chacra y Mar, en Huaral, que ha sido contaminada por el derrame.
"Era una hermosa playa, los pescadores estaban ahí muy bien viviendo, pero el gran problema es que el derrame de petróleo ha ensuciado la arena y también todo el acantilado de Pasamayo", declaró al Canal N de televisión.
Agregó que, "ante el pedido del OEFA de arreglar las cosas, la empresa Repsol lo que está haciendo es mezclando la arena limpia con la arena sucia, para disminuir el grado de contaminación y decir, caramba, ahora ya estamos bien". "Y eso me parece que no debe ser, y el OEFA ha ordenado que paren esta técnica", enfatizó Montoya.
Hasta la fecha, el organismo público ya ha impuesto cinco multas a Repsol por un monto total de 2.3 millones de soles (unos 615 mil dólares) por haber incumplido 5 de las 16 medidas administrativas dictadas, entre ellas la identificación de las zonas afectadas por el derrame, la limpieza, contención y reparación de hidrocarburos.
"El OEFA continuará dictando medidas administrativas adicionales cuando se evidencien o se determinen potenciales riesgos que produzcan daños al ambiente o a la salud de las personas y verificará el cumplimiento de estas por parte de la empresa supervisada", aseguró en la nota.
En marzo, Repsol informó que registraba un 89 por ciento de avance en su cronograma de limpieza y acciones de primera repuesta frente al derrame, que se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, hasta Chancay, en el norte del departamento de Lima, afectando 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua.
En paralelo, la empresa firmó un acuerdo con el Gobierno peruano mediante el cual se comprometió a entregar 3 mil soles (unos 805 dólares) como anticipo de indemnización a pescadores y comerciantes afectados por el vertido.
El derrame ocurrió el 15 de enero, cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla, en la provincia limeña del Callao.
En un primer momento, Repsol reportó que se trataba de una fuga de 0.16 barriles (unos 25 litros) y que había sido causada por el "oleaje anómalo" producido por una erupción volcánica en Tonga. Pero, tres días después, elevó esa cifra a 6 mil barriles, aunque finalmente calculó que habrían sido 10 mil 400, aún menos de los 11 mil 900 que estima el Gobierno peruano (1,9 millones de litros).
Tras el derrame, un juez ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a cuatro directivos de Repsol, entre ellos su director ejecutivo en Perú, Jaime Fernández Cuesta, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental.
Más tarde, también se ordenó el impedimento de salida del país por 15 meses para el director de Refino de Repsol, Carlos Paiva; el gerente de Producción de Repsol, José Marín Gómez; el gerente de Fiabilidad y Mantenimiento de la refinería La Pampilla, Roberto Wong; y el gerente de Tanques y Terminales, Sebastián Guzmán.
RM