Organizaciones civiles y privados en Brasil han presentado 14 recursos ante la justicia electoral para impugnar la candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder en las encuestas de intención de voto, pero encarcelado por cargos de corrupción.
Ahora los abogados del ex presidente deberán responder a los cuestionamientos para tratar de conseguir que pueda participar en los comicios.
La Fiscalía general del Estado presentó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) un pedido para que Lula da Silva no pueda participar en los comicios ni salir como candidato en televisión, al considerar que incumpliría la legislación, por haber sido condenado.
Este miércoles se cierra el plazo dado por el TSE para impugnar las candidaturas presentadas a la presidencia de Brasil, y Lula da Silva y el candidato liberal Geraldo Alckmin, ex gobernador de Sao Paulo, fueron los únicos cuyas candidaturas fueron cuestionadas.
El mismo día en que miembros del Partido de los Trabajadores (PT) inscribieron a Lula da Silva como candidato, la fiscal general del Estado, Raquel Dodge, presentó un recurso en contra.
La funcionaria alegó que, según la Ley de Ficha Limpia, que el propio ex mandatario aprobó en su segundo mandato, un condenado en segunda instancia por tribunal colegiado no puede ser candidato, pues está inhabilitado por ocho años.
La justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si acepta o no a Lula da Silva como candidato, aunque miembros de la corte indicaron que darán celeridad al asunto para que no empañe la campaña que termina el día 6 de octubre, la víspera de la primera vuelta electoral.
Los sondeos siguen atribuyendo a Lula da Silva una ventaja amplia: una encuesta del Instituto Datafolha, uno de los más prestigiosos de Brasil, publicada este miércoles muestra que el ex sindicalista lidera la intención de voto con 39 por ciento, por 19 del ex militar y diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro.
jamj