El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto y otro por el que se creará un programa para fortalecer la atención integral de la salud en la mujer durante el embarazo.
"La criminalización del aborto de nada ha servido, solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes", expresó el mandatario en un mensaje en video difundido a través de su cuenta de Twitter, en el que lamentó que cada año se hospitalizan alrededor de 38 mil mujeres por abortos mal practicados y 3 mil murieron por esa causa desde 1983.
El parlamento de Argentina volverá a debatir un proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un triunfo de la presión ejercida por la campaña feminista de los "pañuelos verdes" y en cumplimiento de una promesa del presidente Alberto Fernández.
En un país de mayoría católica y natal del papa Francisco, la primera iniciativa histórica de legalización del aborto se discutió en el Congreso en 2018, aprobada por los Diputados pero rechazada por el Senado. Actualmente en Argentina solo se permite abortar si el embarazo es fruto de una violación o corre peligro la vida de la madre, legislación que rige desde la década de 1920.
El mandatario dijo que también se girará una iniciativa complementaria para un "Seguro de los mil días", con el objeto de fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida.
¿Qué es el seguro de los mil días?
Este programa busca bajar la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición y prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos hasta los 3 años.Entre otros aspectos, la iniciativa establece nuevas ayudas económicas o extiende las ya existentes, se encara un abordaje especial para la detección de riesgos durante el embarazo y se establece un sistema de alerta temprana de nacimiento y certificado de hechos vitales para el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
La noticia produjo escenas de alborozo y festejos en una manifestación de miles de activistas progubernamentales que rodean al Congreso en apoyo al debate para aprobar un impuesto extraordinario a las 9 mil 300 grandes fortunas del país para subsidiar el sistema de salud, entre otros propósitos, en medio de la pandemia de covid-19 que ha causado más de 35 mil muertos y más de 1.3 millones de infectados.
Grupos pro-vida ya muestran su rechazo
Fernández dijo que el envío de la iniciativa significa "cumplir con un compromiso" de la campaña electoral. En 2018 el debate desató dos mareas multitudinarias de activistas en las calles, una "verde" a favor y otra identificada como "celeste" en contra.
Fueron las iglesias católica y evangélicas las que comandaron los rechazos, en tanto que el Congreso también se dividió al margen de las pertenencias a partidos de gobierno o de oposición.
"La situación general de la salud pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características", sostuvo recientemente la Conferencia Episcopal católica.
La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, de su lado, advirtió que un debate legislativo "provocará manifestaciones" de defensores y detractores. "No es el tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia", señaló la Alianza.
Grupos contrarios al mandatario criticaron la propuesta de Fernández al proponer la iniciativa de ley en medio de la crisis sanitaria, en medio de una baja en su popularidad por el maneja de pandemia.
El respaldo de Fernández y de Amnistía Internacional al aborto
Fernández remarcó que la legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros, y añadió que "no aumenta la cantidad de abortos ni los promueve", sino que resuelve un problema que afecta a la "salud pública".
"La legalización del aborto permite además, como ocurre en la Ciudad de México y en Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan", indicó, convencido de que brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.
Esa legalización no implicaría, señaló, una carga extra para el sistema de salud, ya que los procedimientos validados internacionalmente son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.
"El debate pues no es decir sí o no al aborto, los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud de Argentina", enfatizó.
También hizo hincapié en que las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas del sistema, al someterse a practicas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica: "Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre", remarcó.
Entre las primeras reacciones estuvo la de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien en un comunicado señaló.
"El activismo y la lucha inclaudicable del movimiento de mujeres ha logrado este avance histórico: hoy el aborto es un tema central e impostergable de la agenda política".
Estimaciones serias calculan que habría entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos por año en Argentina, dijo en una reciente entrevista la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
Bajo el lema "Es urgente. Aborto legal 2020", la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acababa de llamar a "saturar las redes, intervenir en las calles, mostrar nuestros pañuelos en todas partes, pintar de verde la Argentina las próximas semanas con intervenciones artísticas de impacto".
Se espera que ambas leyes sean tratadas en sesiones extraordinarias después del 30 de noviembre. Fernández se había comprometido nuevamente a enviar la ley al iniciar el período legislativo el 1 de marzo, pero la pandemia obstaculizó durante meses la regularidad de las sesiones que al final comenzaron en forma remota.
dmr