Dos personas que presenciaban el martes la vista contra el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, le gritaron en español "¡Arrepiéntase!" y "¡Rata!", cuando este abandonaba la sala de tribunal de Nueva York, en la que se declaraba "inocente".
El juez Kevin Castel ya había dado por concluida la sesión y Hernández, vestido con el mono azul de la prisión donde espera la celebración de su juicio, se levantó y se giró hacia al público a quien saludó en varias ocasiones y le dedicó varias sonrisas que se adivinaban detrás de su mascarilla.
Cuando salía de la sala acompañado por tres funcionarios de seguridad, entre el murmullo de los asistentes se escucharon los gritos, algo bastante inusual en los procesos judiciales.
Concluida la sesión, los presentes, mayoritariamente contrarios a Juan Orlando Hernández, se unieron a un grupo de manifestantes concentrados en el exterior de los juzgados que pedían cadena perpetua para el ex presidente.
Asimismo, acudieron al juicio varios judíos ultraortodoxos para mostrar su apoyo al ex presidente, entre ellos Jay Levy, que aseguró que pertenecen a dos comunidades, una de ellas la del rabino mayor de Honduras, Aaron Lankry.
"Tenemos relación desde que hace dos años (Juan Orlando Hernández) trasladó la embajada" de Honduras a Jerusalén, dijo Levy, que precisó que, desde entonces, las relaciones con Hernández fueron más cercanas y ahora le están apoyando, igual que en su momento el entonces presidente de Honduras apoyó a Israel.
Hernández anunció en septiembre de 2020 su intención de trasladar la embajada hondureña a Jerusalén siguiendo los pasos del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, poniendo fin a décadas de neutralidad en el conflicto palestino-israelí.
Entre las personas que se acercaron a mostrar su apoyo a Hernández estaba el detective Ángel Martínez, que trabaja para el ex presidente y para quien la fiscalía no tiene pruebas para incriminar al exmandatario. Los simpatizantes del exmandatario fueron rodeados por los manifestantes al grito de: "¿Quién defiende a un narco-dictador?"
En la sesión de hoy, Juan Orlando Hernández se presentó por primera vez en persona ante el juez y se declaró "no culpable" de los cargos de narcotráfico y posesión de ametralladoras y aparatos de destrucción.
Ex jefe de policía de Honduras queda detenido en NY
El ex jefe de la policía nacional de Honduras compareció por primera vez el miércoles ante un tribunal de Nueva York después de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos penales por narcotráfico, un día después de que el ex mandatario de la nación centroamericana se declaró inocente de cargos criminales relacionados.
Juan Carlos Bonilla Valladares, de 62 años, quedó detenido sin derecho a fianza después del procedimiento de 10 minutos ante un juez en la corte federal de Manhattan. Un abogado designado para su representación declinó comentar sobre el caso.
Conocido como "El Tigre", Bonilla Valladares se desempeñó al frente de la policía en 2012 y 2013. Fue arrestado el 9 de marzo después de que los fiscales estadounidense lo consideraron cómplice del ex presidente Juan Orlando y su hermano Tony Hernández.
Un fiscal dijo que fue entregado a las autoridades estadunidenses antes del mediodía del martes y llegó anoche al área de Nueva York. Enfrenta cargos relacionados con armas y tráfico de drogas.
"El ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no habría llegado al poder ni se habría beneficiado de los enormes ingresos por drogas de no ser por su extensa red de allegados corruptos", dijo Anne Milgram, administradora de la DEA. "Estos allegados, como Bonilla Valladares, de igual forma aprovecharon sus cargos para traficar cocaína hacia Estados Unidos y proteger mediante la violencia a otros narcotraficantes con conexiones políticas, todo para su beneficio propio", dijo en un comunicado. "Bonilla Valladares traicionó todavía más al pueblo de Honduras al usar su placa para encubrir sus delitos".
El fiscal federal Damian Williams dijo que la extradición de Bonilla Valladares "demuestra que nadie está exento en virtud de su cargo o autoridad de ser procesado penalmente por contribuir al flujo de narcóticos ilegales hacia este país que tanto daño provocan, ni siquiera los presidentes y jefes de policía extranjeros".
Los cargos federales en contra de Bonilla Valladares se dieron a conocer en abril de 2020, cuando las autoridades aseguraron que usó su influencia policial para proteger los cargamentos de cocaína que se dirigían a Estados Unidos. Bonilla negó en ese momento estar involucrado en el trasiego de drogas.
En aquel entonces dijo que iría a donde fuera necesario para demostrar la falsedad de las acusaciones e insinuó que las acusaciones fueron hechas por narcotraficantes que buscaban un acuerdo. Hizo mención de una añeja cooperación con el Departamento de Estado de Estados Unidos como evidencia de que el gobierno estadunidense confiaba en él.
El martes, un abogado del ex presidente de Honduras realizó acusaciones similares semanas después de que Hernández fuera extraditado a Nueva York para enfrentar cargos de que recibió millones de dólares entre 2004 y 2022 para apoyar el tráfico de cientos de toneladas de narcóticos hacia Estados Unidos.
Hernández, quien gobernó la nación centroamericana entre 2014 y 2022, ha negado las acusaciones que incluyen participar en una conjura para traficar drogas, posesión de ametralladoras y dispositivos de destrucción, y asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos de destrucción. El juicio iniciaría tentativamente el 17 de enero.
El abogado Raymond Colon dijo el martes fuera de la corte que creía que el ex presidente era víctima de las mentiras contadas por narcotraficantes que intentaban reducir sus prolongadas sentencias en prisión. También mencionó lo que describe como la extensa cooperación de su cliente con las agencias federales de Estados Unidos para ir tras narcotraficantes y su disposición para que fueran extraditados hacia Estados Unidos.
El hermano del ex mandatario, Tony Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua tras ser declarado culpable en octubre de 2019 en un tribunal de Nueva York de cargos de narcotráfico que, según la fiscalía, era una operación auspiciada por el gobierno.
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