Erika Aifán, la reconocida jueza y pieza clave en la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala, renunció el lunes a su cargo por denuncias, amenazas y presiones en su contra relacionadas a su trabajo, denunció la propia abogada en un video compartido en sus redes sociales.
Aifán se suma a una creciente lista de fiscales, investigadores y jueces anticorrupción que han sido despedidos o que han renunciado acusando presiones y hostigamiento desde las altas esferas del poder, luego de que la CICIG -una comisión contra la impunidad de la ONU- fuera expulsada del país en 2019 tras desarticular varias estructuras corruptas.
"Enfrenté denuncias, amenazas y presiones (...) hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni la posibilidad de defenderme con el debido proceso", dijo Aifán en el video.
La jueza trabajó 19 años en el Organismo Judicial, seis de ellos a cargo de uno de los juzgados que llevan casos de alto impacto, conocido como juzgado de Mayor Riesgo. Allí condujo importantes casos de corrupción como uno que involucró a la cúpula de magistrados de la Corte Suprema y otro en contra de importantes empresarios acusados de financiamiento electoral.
Recientemente, Aifán aseguró que tenía a su cargo la declaración de un testigo que inculpó al mandatario Alejandro Giammattei por supuestamente recibir dinero ilícito para la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 2019.
El caso "Comisiones Paralelas" fue uno de los que, según Aifán, intensificó las campañas en redes sociales en su contra. Además, sufrió vigilancia, espionaje en su propia oficina, robo de documentos y amenazas para que desistiera con el proceso.
La fiscal general del país, abogados amigos de acusados de corrupción y los propios magistrados de la Corte presentaron innumerables denuncias, quejas por su trabajo y solicitudes de antejuicio en contra de Aifán. Las detenciones y renuncias de jueces han sido condenadas por la comunidad internacional.
"La renuncia de la jueza es un duro golpe para quienes defienden el Estado de derecho. Estados Unidos y la Unión Europea deberían imponer sanciones a quienes atentaron contra su independencia", expresó Juan Pappier de la ONG Human Rights Watch.
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