La Comisión del Senado de Brasil que investigó la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro frente a la covid-19 anunció que presentará este miércoles su informe final, que contendrá graves acusaciones contra el mandatario.
El presidente de la comisión, Omar Aziz, confirmó que mañana será presentado el informe, redactado por el senador Renan Calheiros, que en su condición de instructor ha sido un permanente crítico del negacionismo de Bolsonaro ante la crisis sanitaria, que ya ha matado a más de 600 mil brasileños.
Según han adelantado fuentes próximas a la comisión, el informe contendrá durísimas acusaciones contra Bolsonaro, varios de sus ministros y otras autoridades del gobierno, empresarios vinculados al oficialismo y activistas de la negacionista ultraderecha.
La comisión, integrada por once senadores de los cuales cuatro se encuadran en el oficialismo, fue instalada el pasado 27 de abril y desde entonces ha celebrado 67 audiencias, en las que ha escuchado el testimonio de casi un centenar de personas, incluidos ministros, ejecutivos y altos funcionarios del gobierno.
También ha analizado documentos electrónicos, muchos todavía de carácter reservado y que, según la propia comisión, contienen el equivalente a casi 10 terabytes de informaciones.
Según Calheiros, han sido constatadas numerosas irregularidades, que van desde la imposición en la red de sanidad pública de remedios sin eficacia comprobada contra el covid hasta fuertes sospechas de corrupción en la negociación de vacunas.
Asimismo, se hallaron graves indicios sobre una red de activistas de ultraderecha que, en supuesta combinación con funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia Presidencia, difundieron en forma masiva información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad y en línea con el discurso mantenido por Bolsonaro.
Calheiros ha sugerido que su informe recomendará que tanto el mandatario como algunos funcionarios del gobierno y personas del entorno oficialista respondan ante la justicia por múltiples delitos contra la salud pública, los cuales serán detallados en su informe, que será sometido a votación la semana próxima.
En caso de ser aprobado con mayoría simple por los once miembros de la comisión, el informe será remitido al Ministerio Público, al Tribunal de Cuentas, a otros organismos responsables por fiscalizar la actuación del gobierno y a la Justicia ordinaria, que tendrán la última palabra sobre eventuales enjuiciamientos.
Bolsonaro ha descalificado la actuación de la comisión, sobre la cual sostiene que está dominada por una oposición que "no quiere la verdad" sobre la pandemia y pretende desalojarle del poder antes de las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2022.
¿Cuáles serían las principales denuncias contra Bolsonaro por el CPI?
El Senado brasileño instaló en abril una comisión para investigar posibles omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate a la pandemia de coronavirus, que dejó más 600 mil muertos en el país. Estas serían las denuncias contra el mandatario
La falta de tanques de oxígeno en el Amazonas
Los senadores hurgaron en las responsabilidades durante el desabastecimiento de oxígeno en la ciudad amazónica de Manaus en enero pasado. La falta de oxígeno dio lugar a escenas de familias desesperadas haciendo fila para abastecer a sus seres queridos contagiados de covid, y decenas de muertes por asfixia en medio de una segunda ola de covid agravada por la variante Gamma.
El ex ministro de Salud, Eduardo Pazuello, culpó a la empresa distribuidora y a las autoridades sanitarias locales de no haber advertido a tiempo que faltaría oxígeno. El gobierno también afirmó haber puesto a disposición del estado de Amazonas el presupuesto para hacer frente a la pandemia.
"No era el dinero lo que faltaba, era el oxígeno. Por problemas logísticos, la incompetencia del gobierno federal, las autoridades locales y muchos otros", dijo Omar Aziz, presidente de la comisión investigadora, la CPI.
La demora en compra de vacunas anticovid de Pfizer
El director ejecutivo de Pfizer para América Latina, Carlos Murillo, afirmó ante la CPI que el gobierno ignoró al menos tres ofertas de 70 millones de dosis anticovid en agosto de 2020.
La adquisición habría permitido a Brasil iniciar su campaña de vacunación con un mes de antelación, en diciembre, como en la mayoría de los países europeos.
Brasil empezó su campaña a cuentagotas a mediados de enero de 2021 con el inmunizante chino Coronavac, desacreditada por Jair Bolsonaro, y el de AstraZeneca. Las primeras dosis de Pfizer llegaron en abril.
El #CovaxinGate y las acusaciones de corrupción
La comisión identificó irregularidades en las negociaciones entre el Ministerio de Salud y Precisa Medicamentos, que se decía representante de la farmacéutica india Bharat Biotech.
El director del Departamento de Importación del Ministerio de Salud, Ricardo Miranda, relató haber sufrido una "presión atípica" para sellar un contrato de compra de millones de dosis de la vacuna Covaxin que consideró sobrevaluadas.
Miranda y su hermano, el diputado Luis Miranda, se reunieron personalmente con Bolsonaro para informarle sobre las sospechas. El mandatario se comprometió a llevar el tema a las autoridades pero no lo hizo, por lo que pasó a ser investigado por prevaricación.
Promoción de medicamientos ineficacez contra el covid-19
La CPI investiga las conexiones entre Brasilia y operadoras privadas de salud en la promoción del "tratamiento precoz" contra el covid con medicamentos ineficaces, según la ciencia, como la hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina.
Las principales acusaciones recaen sobre la operadora Prevent Senior, sospechosa de aplicar tratamientos experimentales con esos fármacos sin consentimiento de los pacientes, y presionar a médicos para recetarlos.
Además, habría disfrazado estadísticas de esos casos, informando dos muertes relacionadas con covid-19 en lugar de nueve. La empresa, que ofrece seguros de salud y tiene su propia red de hospitales, tiene más de 540 milafiliados en todo el país, según datos oficiales.
"Soy un testigo vivo de estas prácticas criminales", dijo a la CPI Tadeu Andrade, de 65 años, quien recibió el 'kit covid' en su casa después de una consulta de telemedicina.
Una semana después, su salud se deterioró y fue hospitalizado en una instalación de Prevent Senior. Luego se le informó a su familia que su condición era terminal y que pasaría a cuidados paliativos.
Pero sus familiares cuestionaron este diagnóstico y exigieron que siguiera recibiendo tratamiento. Andrade finalmente se recuperó.
"Estos pacientes se convirtieron en conejillos de indias cuando se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad", dijo a la agencia AFP, Bruna Morato, abogada de 12 médicos que denunciaron las prácticas de Prevent Senior. La firma niega irregularidades.
La CPI sospecha de los vínculos de la empresa con un "gabinete paralelo" del gobierno de Bolsonaro que intentaba imponer el "tratamiento precoz" para evitar restricciones que afectaran la actividad económica.
dmr