El Boletín Oficial del Estado (BOE) de España publicó hoy la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, también conocida como Ley de Amnistía, que entró en vigor a partir de ser firmada por el rey Felipe VI y que ahora deberá ser aplicada a la consideración de los jueces.
El decreto recoge la norma que el Congreso respaldó el pasado jueves con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas catalanas.
La polémica ley de amnistía podrá ser aplicada a los participantes en el proceso de independencia de Cataluña de 2017 (aunque con recorrido para años anteriores) fue, entre otras cosas, la exigencia que hicieron los independentistas catalanes a Pedro Sánchez para votarle y que continuara como presidente de España. Se trata de una “ley de reconciliación”.
De esta manera, tras seis meses de iniciar su tramitación parlamentaria, y con la sistemática negativa de la derecha y ultraderecha (Partido Popular y Vox), terminó lo que ha sido uno de los mayores logros en la legislatura del presidente Pedro Sánchez.
Antes de ser firmada por el rey, la norma volvió a la Cámara Baja tras su aprobación en marzo y luego de su paso por el Senado, donde el PP aprovechó su mayoría absoluta para retrasarla, pero sin la posibilidad real de echarla abajo.
Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en las movilizaciones de los procesos independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Se calcula que gracias a la ley de amnistía se beneficiará unas 400 personas. Una de ellas personas es el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que se fugó a Bélgica apenas declarar ilegalmente la soberanía de Cataluña, con el único fin de no ir a la cárcel.
La sesión de su aprobación final en el Congreso se realizó bajo un ambiente bronco. Mientras, para los independentistas Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Juntsper Cat (Juntos por Cataluña), el partido de Puigdemont, advirtieron que la amnistía no es un punto final.
Y es que en el caso de Junts insisten en que el gobierno de Sánchez debe permitir la realización de un nuevo referéndum de independencia, algo que el Ejecutivo ha dado por descartado.
Sin embargo, el problema para Sánchez es que fueron los votos de Junts los que le permitieron continuar como presidente, eso lo ha aprovechado en todo momento Junts que constantemente ha amenazado que en caso de no cumplirse sus peticiones podría retirar su apoyo al gobierno, lo que significaría el fin de la legislatura y convocatoria de elecciones. Pese a ello, el presidente y líder de los socialistas aseguró que no cederá.
Así reaccionó la prensa española:
Para el PP, la ley rompe la igualdad de los españoles y la ultraderecha de Vox habla de traición. Esta es la postura que ambos partidos han permitido sistemáticamente y han agotado todos sus recursos para obtener el apoyo en las calles con la ciudadanía, sobre todo con la organización de manifestaciones.
La norma salió adelante con los 177 votos del PSOE y sus socios Sumar, Partidos Nacionalistas Vasco, Junts y ERC, y 172 en contra (PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria).
SNGZ