Irán ejecutó al opositor Ruhollah Zam, que había vivido exiliado en Francia, tras la confirmación de su condena a muerte por su papel en las protestas contra el gobierno en 2017 y 2018.
"El contrarrevolucionario" Zam fue colgado en la mañana tras la confirmación de su sentencia por la Corte Suprema debido a la "severidad de los crímenes" perpetrados contra la República Islámica, precisó la televisión, días después de que la Corte Suprema anunciara la confirmación de su pena.
El vocero de la Autoridad Judicial, Gholamhosein Esmaili, había indicado el martes que la institución se había pronunciado "hace más de un mes" sobre el caso de Zam y confirmado "el veredicto [anunciado en junio por el] tribunal revolucionario" de Teherán.
La Unión Europea condenó "en los más enérgicos términos" la ejecución del opositor y recordó "su oposición irrevocable" al uso de la pena de muerte en cualquier circunstancia.
"Es imperativo que las autoridades iraníes defiendan el derecho al debido proceso de los acusados y pongan fin a la práctica de utilizar confesiones televisadas para establecer y promover su culpabilidad", apuntó un comunicado de la oficina del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Por su parte, la organización de defensa de derechos humanos Amnistía Internacional, que calificó a Zam de "periodista y disidente", consideró que la confirmación de la condena evidenciaba que la República Islámica recurre cada vez más "a la pena de muerte como arma de represión", lo que tildó de "espantoso".
La organización instó a la Unión Europea a intervenir rápidamente ante el guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, para que anule "ese cruel veredicto".
La organización de defensa de la prensa Reporteros sin Fronteras (RSF), que había acusado a Irán de haber secuestrado a Zam cuando este se encontraba en Irak para juzgarle en el país, manifestó este sábado su "indignación" por la ejecución de la sentencia.
Zam había vivido en el exilio en Francia durante varios años antes de ser detenido por la Guardia Revolucionaria de Irán, en circunstancias por determinar. Su detención se había anunciado en octubre de 2019, pero Irán no especificó el lugar ni la fecha de los hechos, acusando al opositor de unos 40 años de estar "dirigido por la inteligencia francesa y apoyado" por los servicios secretos de Estados Unidos e Israel.
Irán reitera que Zam no era periodista
El gobierno iraní aseguró en una carta que Ruhollah Zam no era considerado periodista debido a las acusaciones en su contra, afirmando que haber cometido varios delitos, entre ellos la propagación de mentiras y la incitación a la violencia en el país. Añadiendo que se propagó información falsa a través de las agencias de información.
Zam fue condenado por "corrupción en la tierra"
En una carta dirigida al presidente francés Emmanuel Macron, la coalición de opositores iraníes demócratas laicos en el exilio Hamava pidió al mandatario expulsar al embajador de Irán en Francia.
Zam, que tenía el estatuto de refugiado en Francia, dirigía un canal (Adamnews) en la plataforma de mensajería cifrada Telegram y fue condenado por desempeñar un papel activo, a través de este medio, en las protestas del invierno de 2017-2018.
Al menos 25 personas murieron en los disturbios que afectaron a decenas de ciudades iraníes entre el 28 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018. Teherán describió ese movimiento de protesta contra el alto costo de la vida como una "sedición" que rápidamente tomó un giro político.
Atendiendo un pedido de las autoridades iraníes, Telegram cerró Amadnews, que tenía entonces casi 1.4 millones de seguidores, acusándolo de incitar a la "violencia".
El proceso de Zam empezó en febrero. En junio, fue declarado culpable de todos los cargos de los que se le acusaba: "corrupción en la tierra", uno de los más graves en la República Islámica, que puede ser castigado con la pena capital, "delitos contra la seguridad interior y exterior del país", "espionaje para los servicios de inteligencia franceses" e insulto al "carácter sagrado del islam".
Con al menos 251 ejecuciones en 2019, Irán es, después de China, el país que más recurre a la pena capital, según el último informe mundial sobre la pena de muerte de Amnistía Interancional.
dmr