La crisis de violencia que ha vivido El Salvador, especialmente en las últimas semanas, ha puesto en la atención pública internacional en su presidente, Nayib Bukele, el cual no ha parado de emitir en los medios sus polémicas frases y medidas que, según él, van dirigidas a los grupos criminales en la nación.
Bukele, el presidente salvadoreño que no ha tenido miedo en confrontarse públicamente con el gobierno de Joe Biden, establecer el impulso a las criptomonedas y manifestar su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora se encuentra bajo la mirada, aprobatoria o crítica, de usuarios, políticos, activistas y organismos internacionales ante lo que puedan hacer sus acciones con base en la violencia en el país centroamericano.
En las siguientes líneas te presentamos algunas de las principales medidas impulsadas por el gobierno de El Salvador en los últimos días y las versiones de otras autoridades.
Comenzó con la solicitud de estado de excepción
Fue la noche del 25 de marzo de este año cuando Bukele pidió a la Asamblea Legislativa decretar el régimen de excepción, después de que las autoridades detuvieran a decenas de pandilleros de la Mara Salvatrucha acusados de perpetrar al menos una veintena de homicidios desde el día anterior.
El Salvador era sacudido por una ola de violencia, donde se habían registrado "más de 20 homicidios y feminicidios", según el informe emitido el 24 de marzo por Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, mientras que otras fuentes vinculadas a la seguridad pública elevaron a 30 los homicidios en el país.
Al día siguiente, las autoridades del país, incluyendo el Ejército salvadoreño, mantuvieron un operativo en el que, según informó la Policía Nacional Civil (PNC), varios cabecillas de la Mara Salvatrucha fueron detenidos acusados de ser "responsables de los homicidios registrados en las últimas horas".
"Desde ayer tenemos un nuevo repunte de homicidios, algo que habíamos trabajado tan duro por reducir. Mientras combatimos a los delincuentes en las calles, tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás financiando esto", dijo en ese día Bukele, en un comunicado subido a Twitter por el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
En sus comentarios en la red social recalcaba que "debo de darle gracias a Dios por permitirme enfrentar estos inimaginables retos; por darme esta enorme responsabilidad y por haberme escogido para ser su soldado específicamente en estos tiempos".
El 27 de marzo, Bukele promulgó, con aval del parlamento, un régimen de excepción, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, mientras el país contabilizaba en 76 los homicidios en dos días por la violencia pandillera.
Los policías y militares paseaban por las calles con fusiles de asalto y chalecos antibalas, con el objetivo de detener a cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), los cuales fueron acusados de ordenar los crímenes.
El gobierno salvadoreño atribuyó la ola de violencia a las pandillas de MS-13 y Barrio 18. "Casi 600 capturas en solo dos días", dijo el presidente Bukele ese mismo día a través de Twitter.
Durante esa jornada, la Asamblea Legislativa de El Salvador, a solicitud de Nayib Bukele, aprobó el régimen de excepción por un mes, donde establecieron su aplicación "en todo el territorio nacional" ante "las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales".
"La van a pagar"
El decreto fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento, el cual consideró restringir la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y facultad en las detenciones sin orden judicial.
"Paren de matar ya o ellos (los detenidos) la van a pagar también", escribió Bukele en Twitter el lunes siguiente, acompañando su publicación con el video de la redada en una cárcel donde los agentes sacan a los presos semidesnudos de sus celdas, los fuerzan a correr y los revisan en los patios.
Las imágenes fueron compartidas por el gobierno también a las agencias y medios de comunicación, donde se contaban en ese entonces 16 mil integrantes de las pandillas encarcelados, mientras que en el país se registraban 87 homicidios en tres días.
El estado de excepción fue, para muchos, una muestra de una política de mano dura llevada por el gobierno de Bukele, con mayoría en el Parlamento.
"Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, además les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol", insistió el mandatario en Twitter, que ha sido una de sus principales plataformas para emitir sus opiniones e informar sus medidas.
Las declaraciones del mandatario han sido constantes, no ha parado de expresar alguna frase o emitir alguna decisión. En ese tiempo, el 29 de marzo, pidió al Congreso más herramientas legales "para combatir más eficazmente las pandillas".
Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa acató la petición y ese mismo día realizó una sesión extraordinaria.
El Congreso de El Salvador reformó el 30 de marzo el código penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas.
La reforma al artículo 345 del Código Penal fue aprobada con los votos de 76 de los 84 diputados del Congreso unicameral, controlado por aliados de Bukele.
La reforma establece que "el que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita" como las pandillas "será sancionado con prisión de veinte a treinta años", y si son "cabecillas" la pena de prisión será de 40 a 45 años.
"La cárcel o la muerte"
El 31 de marzo el presidente hizo un duro llamado no solamente a quienes están en las pandillas, también a quienes intentan ingresar a esos grupos criminales, así como a los familiares de esas personas.
"A los padres de familia. Muéstrenles este video (de pandilleros en las prisiones) a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte", sostuvo el mandatario en Twitter.
El video revela las duras condiciones de encierro de los pandilleros en la cárcel, en medio del estado de excepción aprobado por el Congreso a pedido del mandatario y que regirá por un mes para frenar la violencia de esas bandas consideradas "terroristas".
Bukele solamente frenó en sus declaraciones el 31 de marzo, eso porque para el 1 de abril llamó a la Corte Suprema a que remueva a jueces que sean "cómplices" del crimen organizado, al denunciar que un magistrado "intentó" poner en libertad a pandilleros.
"Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado", escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Previamente sostuvo que "un juez (que) intentó liberar a 42" pandilleros que enfrentan un proceso judicial por delitos cometidos en 2019.
El gobernante llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) "a investigar los posibles nexos de este juez", que no identificó, "con el crimen organizado y las estructuras terroristas".
Amaga con dejar a pandilleros sin comida
Bukele también se reivindicó la detención de 6 mil pandilleros más, los cuales hacen un total de 22 mil, una cifra revelada luego de juramentar mil 450 nuevos integrantes del Ejército salvadoreño de la Escuela Militar.
"Por ahí andan rumores de que quieren vengarse de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto duran sus home boys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz", advirtió Bukele.
En las últimas de las medidas realizadas por el Congreso de El Salvador, a petición del presidente Nayib Bukele, fue la aprobación de una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
La reforma aplica a quienes "reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general", señaló el texto, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión.
Asimismo va dirigida contra aquellos que "marquen" sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedentrar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
"Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo (...) Ahora nosotros haremos eso con las pandillas", justificó Bukele en su cuenta de Twitter.