Más de siete mil organizaciones sin fines de lucro han sido clausuradas desde 2018 por parte del gobierno de Nicaragua, según Fundación del Río y Fundación Popol Nah.
Informes presentados por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció el cierre de ONGs que han ayudado al país desde hace más 30 años.
Estas acciones se realizaron mediante decretos relacionados con estados financieros y renovación anual de directivas, entre otras cosas, por parte del gobierno de José Daniel Ortega Savedra.
Desde que la crisis social que se vive a partir de que las protestas sociales estallaron en 2018 se han documentado diversos abusos por parte del gobierno nicaragüense.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha acusado a las ONG de recibir financiamiento “Del imperio" refiriéndose a Estados Unidos para desestabilizar su gobierno.
Sin embargo el cierre de las ONG causó un impacto social, económico y de salubridad en Nicaragua.
En su informe, Carlos Guadamuz, abogado del colectivo Nicaragua Nunca Más señala que el cierre de las ONG tuvo un impacto económico social y ambiental en más de 50 municipios del norte de su país.
Algunas de las actividades a las que las ONG se dedicaban eran:
- Asociaciones culturales.
- Organizaciones religiosas.
- Grupos deportivos.
- Colectivos científicos.
Asimismo se clausuraron asociaciones de prensa, desarrollo comunal, educación, salud, beneficencia y apoyo a exmilitares.
Estos organismos dirigían programas de acceso a derechos humanos, de beneficio a mujeres indígenas y fortalecimiento de liderazgos territoriales, entre otros.
De igual manera destaca el cierre de nueve ONG clausuradas por Ortega en 2022 donde ocho eran nacionales y una internacional que llevaban 24 años de trabajo en Nicaragua.
Cabe destacar que de las ocho ONG nacionales, siete sufrieron allanamientos ilegales de los cuales seis fueron violentos mientras que al menos cuatro millones de dólares en bienes y equipos fueron confiscados.
Carlos Guadamuz muestra en su investigación que todas las organizaciones tenían documentos legales y solvencia para funcionar, sin embargo, muchos de sus miembros fueron exiliados.
Tras el estallido social en 2018, se sabe que la represión de policías y militares dejó al menos 355 muertos, dos mil heridos y más de 100 mil exiliados.
aag