Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron este sábado una ley de amnistía para los involucrados en los sucesos del 18 de abril de 2018, la cual ha generado el rechazo de la oposición y de organismos de derechos humanos, que consideran que promueve la impunidad.
La legislación, propuesta por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y aprobada con 70 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, entrará en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Durante el plenario, la bancada del Partido Constitucionalista (PLC) advirtió que votarían de manera unánime contra la ley, la cual cubre tanto delitos políticos como comunes.
La ley establece que las autoridades no abrirán procesos de investigación y deberán cerrar los procesos penales y los de carácter administrativo que hayan sido iniciados, para “perdonar” a las personas involucradas en los sucesos del 18 de abril de 2018, cuando comenzó la crisis política y social en Nicaragua.
Asimismo, el documento señala que la ley se aplicará tanto a las personas que no han sido investigadas, como a las que se encuentran en procesos de investigación o que están en cumplimiento de ejecución de sentencias, de acuerdo con el portal de El Nuevo Diario.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechazó la ley de amnistía al argumentar que podría dejar impunes las muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno y contener "trampas" para mantener en prisión a los manifestantes acusados de terrorismo y crimen organizado.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua también se pronunció en contra de esta ley de amnistía al afirmar que promueve "la impunidad y niega el derecho a la verdad y la justicia".
“Las amnistías por graves violaciones a los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas general impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”, sostuvo en un comunicado la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
“Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, puntualizó la también ex presidenta de Chile.
Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, iniciadas el 18 de abril del año pasado, han dejado más de 300 muertos, según organismos humanitarios, que señalan como responsables de esos crímenes a policías o grupos parapoliciales, los cuales no han sido investigados en relación con esos casos.
jos