La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció, el miércoles 10 de julio, la liberación de mil 500 presos, sin incluir entre ellos a los 128 opositores que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), están encarcelados "arbitrariamente" en el país centroamericano.
Murillo, quien es esposa del presidente Daniel Ortega, informó en su comunicación diaria con los medios oficialistas nicaragüenses que estos reclusos gozarán de "beneficios legales de convivencia familiar", por lo que podrán "retornar a sus hogares" tras haber cometido "errores en la vida".
Sin embargo —indicó— son personas "humildes" y no los "forajidos", en relación con los opositores presos.
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Murillo no mencionó la solicitud hecha el martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Nicaragua en una resolución la "liberación inmediata" de 25 opositores encarcelados por el gobierno de Ortega.
La Corte, con sede en San José, señaló en su escrito que los opositores mencionados "se encuentran privados de la libertad en un contexto de criminalización de personas con posturas críticas o de oposición al actual gobierno de Nicaragua" y cuyos procesos judiciales "habrían sido llevados a cabo sin las garantías del debido proceso".
Murillo dijo que los mil 500 presos serán excarcelados "en saludo" al 45º aniversario del triunfo de la revolución sandinista, que se cumple el 19 de julio.
En junio, la CIDH indicó, en un informe sobre Nicaragua, que al menos 128 opositores se encuentran encarcelados "arbitrariamente" en un contexto de "crisis de derechos humanos" en el país centroamericano.
Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), despojó de la nacionalidad a más de 300 opositores y críticos que envió al exilio, al acusarlos de “traidores” y "vendepatria" por haber participado o apoyado las protestas de 2018.
El presidente de Nicaragua, quien gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución y volvió al poder en 2007, aseguró que esas manifestaciones, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU, fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La Corte Interamericana, además de solicitar la liberación de esos presos, pidió a Nicaragua "determinar e informar del paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge", ambos considerados “desaparecidos”.
Asimismo, el tribunal solicitó permitir a los presos contacto “inmediato” con familiares y abogados mientras se tramita su liberación.
Críticas desde el exilio
Tras el anuncio del gobierno nicaragüense, opositores exiliados en Costa Rica dijeron a la AFP que estas liberaciones masivas no suelen incluir a los encarcelados críticos con el gobierno.
"Normalmente, no han incluido presos políticos en estas liberaciones con la medida cautelar de convivencia familiar", afirmaron desde el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex).
Comentaron —además— que "no hay algún indicio de que vayan a liberar a ningún preso político" con relación a la solicitud de la Corte IDH. "Ellos (el gobierno de Nicaragua) han desacatado de (forma) abierta las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregaron.
Desde Grex también indicaron que los números de liberados "son datos inflados" porque si fueran reales "las cárceles de Nicaragua estarían vacías, y están repletas".
RM