El Congreso peruano votó el viernes para censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lo que por ley implica que el funcionario tendría que renunciar en las próximas 72 horas. La decisión obedece al mal manejo que, según la decisión de los legisladores, Santiváñez dio a la reciente ola de asesinatos y extorsiones que azota al país.
Con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, los congresistas encontraron un modo de mostrar su descontento con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, luego que el 16 de marzo un cantante de cumbia fuera asesinado cuando desconocidos en motocicletas dispararon al bus en el que se trasladaba.
- Te recomendamos Perú entra en estado de emergencia para combatir crimen organizado; estará vigente 30 días Internacional
Tanto el Congreso como el gobierno reaccionaron ante el asesinato. Varios legisladores presentaron tres pedidos de censura contra Santiváñez, mientras el gobierno ordenó un estado de emergencia por 30 días. El régimen de excepción comenzó el 18 de marzo en Lima, se tradujo en la incursión de militares en las calles y el recorte de varios derechos constitucionales.
Las extorsiones se han extendido por todo el territorio peruano, incluida la capital, donde se producen asesinatos frecuentes, sobre todo en la periferia capitalina donde vive la mayoría de la población y hay menos presencia de policías y guardias privados.
Negocios de todo tipo, así como domicilios en Lima sufren explosiones de dinamita o granadas lanzadas por los delincuentes. Entre septiembre y febrero se han producido varias protestas de negociantes afectados por las extorsiones, incluidos los transportistas y barberos.
La muerte del cantante de cumbia Paul Flores también ha provocado una convocatoria para una nueva marcha durante la tarde del viernes por el centro histórico de Lima, en la que varios artistas de diversos géneros musicales que afirman ser víctimas de extorsión han anunciado su participación.
La legisladora opositora Susel Paredes, del partido Primero La Gente, dijo que el próximo ministro tiene que ser alguien que no tenga investigaciones fiscales como Santiváñez, indagado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Tiene que ser alguien “que conozca de inteligencia, para neutralizar los delitos antes que se cometan y no solamente vaya a contar los muertos”, señaló.
El aún ministro del Interior dijo que respetaba la decisión del Congreso. “Han sido diez meses de arduo trabajo conjuntamente con la policía”, afirmó en referencia al tiempo que ejerció el cargo.
Las cifras de asesinatos y extorsiones en Perú se han disparado desde 2017, según datos oficiales. En ese año los homicidios sumaron 674 y en 2024 llegaron a 2 mil 57. En tanto, las denuncias por extorsiones en 2017 fueron de 5 mil 225, mientras en 2024 alcanzaron 22 mil 835.
CHZ