Un juez federal en Oklahoma falló el lunes que el método estatal de inyección letal de tres fármacos es constitucional, lo que preparó el camino para que las autoridades estatales soliciten fechas de ejecución para más de una veintena de reos condenados a muerte que fueron demandantes en el caso.
El fallo del juez Stephen Friot se dio tras un juicio federal de seis días realizado este año en el que los abogados de 28 reclusos condenados a muerte argumentaron que el primero de los tres medicamentos, midazolam, no es adecuado para que un reo no pueda sentir dolor y crea un riesgo de dolor intenso y sufrimiento que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe el castigo cruel e inusual.
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“Los prerrequisitos para una impugnación exitosa de la inyección letal con base en la Octava Enmienda han sido dejados en claro por la Corte Suprema”, escribió Friot, citando tres fallos anteriores sobre la pena de muerte.“Los presos demandantes no han alcanzado el nivel establecido por la Corte Suprema”, agregó.
Jennifer Moreno, una de las abogadas de los condenados a muerte, dijo que todavía están evaluando sus opciones para apelar el fallo del juez ante la Corte Federal de Apelaciones del décimo Circuito en Denver.
“La decisión de la corte de distrito subestima la abrumadora evidencia presentada en el juicio de que el protocolo de ejecución de Oklahoma, tanto en su redacción como en su implementación, creando un riesgo inaceptable de que los presos experimenten dolor y sufrimiento graves”, subrayó Moreno en un comunicado.
El secretario de Justicia de Oklahoma, John O’Connor, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
Durante el juicio, ambas partes presentaron expertos en anestesiología y farmacología que ofrecieron diferentes opiniones sobre la efectividad del midazolam para hacer que un recluso no sienta dolor.
James Stronski, un abogado de los reos, dijo a Friot que si los presos no son anestesiados adecuadamente, quedarán paralizados e incapaces de moverse o hablar después de administrar el segundo fármaco y luego sentirán un dolor insoportable cuando se inyecte el último fármaco, el cloruro de potasio, para detener el corazón.
Los abogados del estado rechazaron ese argumento y sostuvieron que una dosis de 500 miligramos de la sustancia era más que suficiente para garantizar que los reclusos no sintieran dolor.
El estado ha aplicado cuatro inyecciones letales desde octubre, las cuales “son una prueba definitiva de que el protocolo funciona de acuerdo a lo previsto”, aseguró el ex fiscal general de Oklahoma Mithun Mansinghani durante los argumentos finales.
UM