La opositora Alianza Cívica de Nicaragua anunció que no volverá a la mesa de negociaciones hasta que el gobierno del presidente Daniel Ortega brinde "muestras contundentes" de querer resolver la crisis que vive el país, liberando a los presos políticos y cesando la represión.
La delegación opositora "retomará su asistencia a la mesa de negociación una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis", informó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en un comunicado.
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La oposición condiciona su regreso a las conversaciones con el gobierno iniciadas desde el 27 de febrero a la "libertad de presos políticos" y el "cese de la represión y los secuestros" contra las personas que participaron en las protestas contra Ortega el año pasado.
Asimismo, exige el "cese del hostigamiento a los familiares de los detenidos" y "el respeto de estándares internacionales para el tratamiento de los presos políticos, incluyendo la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes" y que les brinden asistencia médica, señala la declaración.
Al menos 335 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados dejó la represión a las protestas que estallaron en abril del año pasado contra el gobierno a causa de una reforma al seguro social, que luego se transformó en una demanda de salida de Ortega, en el poder desde hace 12 años.
La alianza, integrada por representantes de los empresarios, estudiantes, campesinos y organizaciones civiles, tomó la decisión tras el rechazo el viernes de la jerarquía católica de participar en el diálogo. Tras ese anuncio, la oposición dijo que el reconsideraría su regreso a la mesa, dejando el diálogo en un "impasse".
El anuncio del la ACJD de sus condiciones para volver al diálogo se produjo luego de que Ortega publicara el sábado su agenda de discusión, en la que descarta adelantar las elecciones de 2021, una de las principales demandas de sus adversarios.
El gobierno ofreció fortalecer el sistema electoral, actualmente en manos del oficialismo, mediante una reforma con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), y liberar a los opositores que aún no han sido juzgados.
En el caso de los manifestantes que ya han sido procesados por "terrorismo" y otros delitos atribuidos a su participación en las protestas, el gobierno ofrece revisar "sus expedientes" para evitar "impunidad", según el texto.
Pide además suspender las sanciones internacionales contra Nicaragua, en alusión a una ley aprobada por Estados Unidos en diciembre que limita el acceso de Managua a créditos multilaterales y posibles sanciones de la Unión Europea.
Una delegación de la OEA, encabezada por Luis Ángel Rosadilla, tiene previsto reunirse el lunes "con los actores" del diálogo, según el gobierno.
jos