Alexander Quichi Villatoro Moreno, un mexicano de 53 años, se declaró culpable de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés) en el tribunal federal de Tampa, Florida.
Quichi era señalado por operar una organización criminal, bajo la fachada de empresa contratista de mano de obra agrícola, para obligar a trabajar a personas en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.
¿Qué se sabe acerca del caso?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado abordando el caso de Los Villatoros Harvesting (LVH) —como se llamaba la empresa—, quienes reclutaban a ciudadanos mexicanos con la oportunidad de obtener visas agrícolas de corto plazo H-2A, y a su vez, "engañar" al gobierno de Estados Unidos para generar el trámite.
Entre las acciones realizadas por la organización criminal estaba el cobro de tarifas exorbitantes para ingresar a laborar en la supuesta empresa. LVH mentía a los trabajadores sobre los sueldos, jornada y condiciones laborales. El Departamento de Justicia explica que los mexicanos trabajaban hasta siete días a la semana por un sueldo inferior al que correspondía por ley.
Además de las condiciones laborales, la agrupación imponía deudas, confiscaba pasaportes, sometía a los trabajadores a condiciones de vida de hacinamiento e infringían violencia verbal y humillaciones. Sumado a ello, amenazaban a los mexicanos con denunciarlos para que fueran deportados, impidiendo que buscaran ayuda, debido a que cortaban su comunicación con gente externa a la empresa.
¿Quiénes eran los miembros de Los Villatoros Harvesting?
Otros cuatro cómplices se declararon culpables de participar en la red criminal. Bladimir Moreno, hermano del Quichi, lo hizo en 2022. Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez, supervisores de LVH también asumieron la culpa como supervisores de LVH. Y Guadalupe Mendes Mendoza, quien fungía como supervisora.
En 2022, Bladimir Moreno fue sentenciado a 118 meses de prisión y tuvo que pagar 175 mil dólares en reparación de daño a las víctimas. Rodas y Gamez fueron sentenciados a 41 y 37 meses de prisión, respectivamente, mientras que Mendes Mendoza, ya como supervisora, de declaró culpable.
Mendoza también fue sentenciada en 2022 a cumplir ocho meses de arresto domiciliario y una multa de 5 mil 500 dólares a pagar durante 24 meses de libertad supervisada.
En el proceso participó el gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), brindando asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos. Por su parte, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las autoridades mexicanas para lograr su detención y extradición.
MD