El juicio del ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández por cargos de narcotráfico de Estados Unidos comienza hoy, dando a un jurado de Nueva York la oportunidad de determinar si el otrora aliado de Washington en la lucha contra las drogas realmente dirigió el país centroamericano como un "narco-Estado".
Hernández fue cercano a Washington durante su mandato de 2014 a 2022. Honduras recibió más de cincuenta millones de dólares en asistencia antinarcóticos de Estados Unidos y decenas de millones más en ayuda militar y de seguridad durante su presidencia, y obtuvo el apoyo del ex presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra la migración.
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Pero tres meses después de dejar el cargo, fiscales federales en Manhattan lo acusaron de aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de usar su posición para protegerlos. El fiscal general Merrick Garland dijo que abusó de su poder para manejar el país como un "narco-Estado".
Eso ocurrió casi tres años después de que su hermano, el ex congresista Tony Hernández, fue declarado culpable por cargos de narcotráfico en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Un fiscal en ese juicio dijo que Juan Orlando Hernández protegió a su hermano.
Juan Orlando Hernández, que se ha declarado inocente de tres cargos de conspiración para la importación de cocaína y posesión ilegal de armas, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su extradición en abril de 2022.
Se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años y hasta cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos. El juicio comienza con la selección del jurado el martes y se espera que dure entre dos y tres semanas.
Los fiscales dijeron que mientras Hernández hacía campaña en 2013, aceptó un millón de dólares de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, para sobornar a funcionarios que manipularan los resultados de la votación a su favor, y utilizó tácticas similares para su reelección en 2017.
Hernández ha argumentado que los narcotraficantes lo han difamado para tratar de aligerar sus propias condenas y vengarse de las medidas policiales de su administración.
DLGE