El presidente de España, Pedro Sánchez, pidió al juez Juan Carlos Peinado declarar por escrito en el marco de la investigación a su esposa, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
En la carta, elaborada, notificada y firmada por el propio Sánchez muestra su “voluntad de colaborar con la Administración de Justicia”, pero le recuerda al magistrado que la Ley le ampara a contestar a sus preguntas por escrito ya que su comparecencia “resulta inescindible” de su condición del presidente del Gobierno.
“Como presidente del Gobierno de España, tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la Ley y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados”, indica la misiva en la que cita el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge dicha posibilidad.
Asimismo, reitera que su voluntad es “colaborar con la Administración de Justicia” pero siempre “en el estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro Estado de derecho”.
“No tengo duda de que compartirá la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por lo tanto, a lo establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la institución del presidente del Gobierno”, indica el escrito.
La citación de Pedro Sánchez fue acordada por el juez el mismo día en que la esposa del presidente se acogió a su derecho a no declarar como investigada, el pasado 19 de julio.
Recortes de periódicos, las pruebas
La acusación contra Gómez partió del pseudo sindicato de ultraderecha Manos Limpias, que basó sus acusaciones en recortes de periódicos, uno de ellos falso. Después se sumaron a la causa Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, también ultraderechistas.
La defensa de Begoña Gómez, encabezada por el ex ministro de Justicia Antonio Camacho, justificó la decisión de que su clienta no declarara al creer que se encuentra en una situación de “clara indefensión” ante el juez Peinado, que tiene una hija concejala en el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo, gobernado por el conservador Partido Popular y que forma parte de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, uno de los principales adversarios políticos de Pedro Sánchez.
El magistrado investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid; los vínculos de la esposa del presidente con dicha casa de estudios; y su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa, compañía rescatada en el 2020 por el Gobierno, y que según algunas acusaciones populares Gómez habría intervenido.
Hidalgo se ha cansado de repetir lo contrario, exculpando así a Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera los hechos relativos al rescate de Air Europa.
Por otro lado, la Fiscalía Europea asumió la investigación de Barrabés después de que presuntamente sus empresas recibieron dinero público, procedentes de los fondos que otorga la Unión Europea a España.
De tal suerte que solo queda por indagar en los contratos adjudicados a Barrabés. Sin embargo, dichas adjudicaciones fueron remitidas por el juez Peinado a la Fiscalía europea por ser la competente en investigarlo. Por tanto, la causa quedaría vacía debería ser archivada, según la defensa y el Ministerio Público.
Sin pruebas: Guardia Civil
Además, la defensa de Gómez afianza la inocencia de la esposa del presidente con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ningún tipo de ilegalidad en su labor profesional, así como un tercero de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que señala que no ha podido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” sobre supuestas irregularidades a pesar de los “indicios”.
No obstante, el foco de las acusaciones está ahora en la legalidad de la contratación y el trabajo que hizo Gómez en la Complutense, que remitió un informe al magistrado con la investigación interna que abrió para comprobar si hubo una “apropiación indebida” del software de la cátedra que codirigía la esposa del presidente.
Sin embargo, el documento que la Universidad envió al magistrado no concluye la existencia de ninguna irregularidad.
SNGZ