El juez Juan Carlos Peinado citó como testigo el próximo 30 de julio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la investigación judicial que lleva a cabo sobre su esposa, Begoña Gómez, a la que acusa de los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El magistrado del Juzgado de instrucción número 41 de Madrid se desplazará hasta la casa presidencial de La Moncloa para tomarle declaración, “donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo”.
Un hecho que no tiene precedentes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el presidente del Gobierno español, entre otras autoridades, declare por escrito ante un juez cuando tenga que explicar hechos que haya conocido en el ejercicio de su cargo. La legislación del país también establece que los miembros del Gobierno puedan declarar por escrito como testigos en las instrucciones judiciales cuando estas versen sobre hechos que hayan “conocido por razón de su cargo”.
Aunque Peinado aplica un artículo concreto para cerrar esa puerta y obligar a que su testifical sea presencial: entiende que no son hechos que ha conocido por su trabajo como jefe del ejecutivo.
El magistrado tomó esta decisión después de que la semana pasada Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar. En su escrito, Peinado señala que el delito de tráfico de influencias, uno por los que se investiga a la mujer del presidente, contempla la modalidad de “en cadena”, por lo que considera “conveniente, útil y pertinente” tomar declaración a Pedro Sánchez.
La acusación partió del pseudo sindicato de ultraderecha Manos Limpias, que basó sus acusaciones en recortes de periódicos, uno de ellos falso. Después se sumaron a la causa Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, e Iustitia Europa, también ultraderechistas.
La defensa de Begoña Gómez, encabezada por el ex ministro de Justicia Antonio Camacho, justificó la decisión de que su clienta no declarara al creer que se encuentra en una situación de “clara indefensión” ante el juez Peinado, que tiene una hija concejala en el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo, gobernado por el conservador Partido Popular y que forma parte de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, uno de los principales adversarios políticos de Pedro Sánchez.
Estas fueron las palabras del abogado de Gómez
El magistrado investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid; los vínculos de la esposa del presidente con dicha casa de estudios; y su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa, compañía rescatada en el 2020 por el Gobierno, y que según algunas acusaciones populares Gómez habría intervenido.
Hidalgo se ha cansado de repetir lo contrario, exculpando así a Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera los hechos relativos al rescate de Air Europa.
Por otro lado, la Fiscalía Europea asumió la investigación de Barrabés después de que presuntamente sus empresas recibieron dinero público, procedentes de los fondos que otorga la Unión Europea a España.
No hay pruebas
De esta anera, solo queda por indagar en los contratos adjudicados a Barrabés. Sin embargo, dichas adjudicaciones fueron remitidas por el juez Peinado a la Fiscalía europea por ser la competente en investigarlo. Por tanto, la causa quedaría vacía debería ser archivada, según la defensa y el Ministerio Público.
Además, la defensa de Gómez afianza la inocencia de la esposa del presidente con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ningún tipo de ilegalidad en su labor profesional, así como un tercero de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que señala que no ha podido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” sobre supuestas irregularidades a pesar de los “indicios”.
No obstante, el foco de las acusaciones está ahora en la legalidad de la contratación y el trabajo que hizo Gómez en la Complutense, que remitió un informe al magistrado con la investigación interna que abrió para comprobar si hubo una “apropiación indebida” del software de la cátedra que codirigía la esposa del presidente.
Sin embargo, el documento que la Universidad envió al magistrado no concluye la existencia de ninguna irregularidad.