El presidente de España, Pedro Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y prevaricación en los negocios, y presentó una querella contra el magistrado por ese mismo delito.
El magistrado se trasladó esta mañana a la casa presidencial de La Moncloa para interrogar al líder socialista, que se negó a declarar acogiéndose a la dispensa del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta declaración no tiene precedente, ya que es la primera vez que un presidente del Gobierno español presta declaración ante un juez.
La citación de Pedro Sánchez fue acordada por el juez el mismo día en que la esposa del presidente se acogió a su derecho a no declarar como investigada, el pasado 19 de julio.
Un par de horas después se dio a conocer la carta en la que Sánchez se querella contra Peinado. La misiva está firmada por la Abogacía del Estado “en la representación que legalmente ostenta del presidente del Gobierno de España”.
La carta hace un repaso de todos lo ocurrido desde el inicio de la instrucción del juez, a través de sus autos y providencias, y concluye: “Resulta obligado [interponer la querella] como consecuencia de la necesidad de defender la institución que representa, la Presidencia del Gobierno, en los términos definidos en la Ley 50/1997, el 27 de noviembre, frente a las actuaciones puntuales realizadas por el querellado”.
“Ello no supone, ni puede suponer un ataque al poder judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente, dirigida, no solo respecto de cualquier ciudadano, sino en este caso, respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo, todo lo que parece explicar el injusto proceder del magistrado”, recoge la querella.
En la querella, la abogada del Estado jefa de Penal, Zaida Isabel Fernández Toro, alude a la decisión del juez de tomar declaración a Sánchez en La Moncloa en lugar de haberlo hecho por escrito, bajo el argumento de que los hechos por los que le iba a preguntar tenían relación con su condición de “esposo” de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno.
“No nos parece posible lógicamente ninguna pregunta vinculada a la investigación de la que pudiese saber el testigo si no es teniendo relación con su cargo, precisamente por la construcción típica del único delito por el que se justifica el interrogatorio”, señala.
Recortes de periódicos, las pruebas
La acusación contra Gómez partió del pseudo sindicato de ultraderecha Manos Limpias, que basó sus acusaciones en recortes de periódicos, uno de ellos falso. Después se sumaron a la causa Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, e Iustitia Europa, también ultraderechistas.
La defensa de Begoña Gómez, encabezada por el ex ministro de Justicia Antonio Camacho, justificó la decisión de que su clienta no declarara al creer que se encuentra en una situación de “clara indefensión” ante el juez Peinado, que tiene una hija concejala en el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo, gobernado por el conservador Partido Popular y que forma parte de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, uno de los principales adversarios políticos de Pedro Sánchez.
El magistrado investiga la relación de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense de Madrid; los vínculos de la esposa del presidente con dicha casa de estudios; y su conexión con Javier Hidalgo, quien fuera consejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa, compañía rescatada en el 2020 por el Gobierno, y que según algunas acusaciones populares Gómez habría intervenido.
Así llegó el juez a La Moncloa:
Hidalgo se ha cansado de repetir lo contrario, exculpando así a Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid dejó fuera los hechos relativos al rescate de Air Europa.
Por otro lado, la Fiscalía Europea asumió la investigación de Barrabés después de que presuntamente sus empresas recibieron dinero público, procedentes de los fondos que otorga la Unión Europea a España.
De tal suerte que solo queda por indagar en los contratos adjudicados a Barrabés. Sin embargo, dichas adjudicaciones fueron remitidas por el juez Peinado a la Fiscalía europea por ser la competente en investigarlo. Por tanto, la causa quedaría vacía debería ser archivada, según la defensa y el Ministerio Público.
No hay pruebas: Guardia Civil
Además, la defensa de Gómez afianza la inocencia de la esposa del presidente con dos informes de la Guardia Civil que no han detectado ningún tipo de ilegalidad en su labor profesional, así como un tercero de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que señala que no ha podido alcanzar ninguna “conclusión definitiva” sobre supuestas irregularidades a pesar de los “indicios”.
SNGZ