La fiscalía peruana archivó una denuncia contra el ex presidente boliviano Evo Morales por supuestos delitos contra el Estado y la defensa nacional iniciada a comienzos de año durante las protestas en reclamo de la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte.
El Ministerio Público indicó en una copia de la resolución entregada a The Associated Press por el abogado de Morales en Perú, Raúl Noblecilla, que no se continuará con la investigación por falta de pruebas.
La denuncia fue presentada por el legislador peruano de extrema derecha Jorge Montoya quien acusó a Morales de tener un “afán separatista”, así como de instigar una rebelión en Puno, una región peruana fronteriza con Bolivia donde 18 civiles murieron a tiros el 9 de enero durante las manifestaciones contra la presidenta peruana que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad.
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A principios de enero, el gobierno de Boluarte prohibió el ingreso de Morales a Perú y el primer ministro peruano Alberto Otárola dijo que el ex mandatario “no volverá a entrar más” a menos que levanten ese impedimento.
Desde su cuenta oficial en X, antes Twitter, Morales celebró la decisión y aseguró que fue una “acusación penal armada por políticos que traicionaron y derrocaron al hermano” ex presidente peruano Pedro Castillo.
Además, pidió a la Fiscalía peruana que se investiguen las “masacres de hermanos indígenas por parte del gobierno ilegítimo” de Boluarte.
'Autogolpe' de Estado en Perú
Morales era cercano al ex presidente Castillo , quien fue encarcelado a inicios de diciembre luego de intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto, cuando el Congreso se disponía a realizarle un juicio político.
Boluarte, entonces vicepresidenta de Castillo, lo reemplazó y días después se desataron protestas exigiendo su renuncia sobre todo en el sur de Perú, en especial en las zonas rurales de lengua quechua y aymara.
El ex presidente boliviano es crítico de la mandataria peruana y la ha calificado de usurpadora de la presidencia. En enero Morales afirmó que Boluarte “que antes defendía nuestro proceso de integración con dignidad, solidaridad y hermandad, ahora nos ataca para distraer y esquivar la responsabilidad sobre las graves violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos peruanos”.
De acuerdo con un informe reciente de las Naciones Unidas durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte hubo 50 civiles muertos, la mayoría a causa de armas de fuego. Casi la mitad de los fallecidos no participaban en las protestas.
aag