El Departamento de Justicia estadunidense anunció una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
“La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadunidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, “el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas”, señaló Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Hubo 13 muertes por inyección letal durante los últimos seis meses de mandato de Trump, más que bajo cualquier líder estadunidense en 120 años.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar la pena de muerte “para los crímenes más viles”.
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— tiene moratorias.