La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, renunció y abandonó el país el lunes después de que semanas de protestas contra un sistema de cuotas en los empleos públicos derivaran en violencia y se convirtieran en un desafío más general a sus 15 años en el poder. Miles de manifestantes asaltaron su residencia oficial al día siguiente de que casi 100 personas murieran en las protestas.
Poco después de que medios locales mostraran cómo la asediada líder subía a un helicóptero militar con su hermana, el jefe del ejército de Bangladesh, el general Waker-uz-Zaman, anunció planes de pedir consejo al presidente para formar un gobierno interino.
Prometió que el ejército se retiraría y abriría una investigación sobre la letal represión que impulsó la indignación contra el gobierno, y pidió a los ciudadanos tiempo para restaurar la paz.
“Tengan fe en el ejército, investigaremos todas las muertes y castigaremos al responsable”, dijo. “He ordenado que ni el ejército ni la policía hagan ninguna clase de disparo”.
“Ahora, el deber de los estudiantes es mantener la calma y ayudarnos”, añadió.
Horas después de que medios locales mostraran cómo la asediada líder subía a un helicóptero militar con su hermana, el jefe del ejército de Bangladesh, el general Waker-uz-Zaman, anunció que planeaba pedir consejo al presidente para formar un gobierno provisional.
Miles de personas parecían haber accedido a la residencia oficial de Hasina en Daca, tras semanas de violentas protestas y choques con las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron de forma pacífica cuando estudiantes frustrados pidieron el final de un sistema de cuotas para empleos públicos, pero después han evolucionado para convertirse en un desafío sin precedentes contra Hasina y su partido Liga Awami.
Los esfuerzos del gobierno por aplastar las protestas por la fuerza han dejado casi 300 muertos y avivado la indignación y las peticiones de que Hasina renuncie.
Al menos 95 personas, incluidos al menos 14 policías, murieron en choques en la capital el domingo, según el principal periódico del país en bengalí, Prothom Alo. Cientos más resultaron heridos en los altercados.
Las autoridades habían cortado el servicio de internet en celulares durante varias horas desde el domingo en un intento de sofocar las protestas, mientras que la conexión de banda ancha dejó de funcionar al final de la mañana del lunes. Era el segundo corte de internet en el país desde que las protestas se volvieron letales en julio.
Las conexiones fijas y móviles volvieron a funcionar el lunes después de tres horas de corte en la banda ancha.
El toque de queda impuesto por el ejército entró en vigencia el domingo por la noche en Daca y otros centros de divisiones y distritos. El gobierno ya había impuesto un toque de queda antes con algunas excepciones en la capital y otros lugares.
Miles allanan la residencia de la primer ministro de Bangladesh
Hasina llegó el lunes a una ciudad en India, en la frontera con Bangladesh, en un helicóptero militar, según un funcionario militar que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar información a los medios. No estaba claro a dónde iría después.
Tras su marcha, la gente invadió su residencia y se llevó muebles y sacó comida de los refrigeradores.
Bangladesh ya había cortado la conexión a internet en zonas afectadas por protestas, una medida para suprimir las muestras de descontento de partidos opositores. El grupo de monitoreo de internet Access Now dijo haber registrado tres cortes en el país en 2023, todos coincidentes con marchas opositoras y limitados a una ciudad o distrito. En 2022 se produjeron seis cortes.
La Liga Awami, el partido en el gobierno, dijo que las peticiones de renuncia de la mandataria demostraban que las protestas habían sido dominadas por el principal grupo opositor, el Partido Nacionalista de Bangladesh, y el ahora ilegalizado partido Jamaat-e-Islami.
La mandataria de 76 años fue reelegida para un cuarto mandato en enero en unas elecciones boicoteadas por sus principales rivales, lo que puso en duda la libertad y justicia de los comicios. Miles de opositores fueron encarcelados antes de la votación, que según el gobierno se celebró de forma democrática.
Hasina es la mandataria que más tiempo ha gobernado Bangladesh, un país de mayoría musulmana con más de 160 millones de habitantes, en una ubicación estratégica entre India y Myanmar.
Sus rivales políticos la habían acusado en el pasado de volverse cada vez más autocrática y de amenazar la democracia del país. Muchos dijeron que los disturbios eran el resultado de su tendencia autoritaria y su ansia de poder a toda costa.
Al menos 11 mil personas han sido detenidas en las últimas semanas. Los disturbios también han provocado el cierre de escuelas y universidades en todo el país, y en un momento dado las autoridades fijaron un toque de queda con órdenes de disparar a los infractores.
Los manifestantes llamaron durante los últimos días a la “no cooperación”, instando a la gente a no pagar impuestos y facturas de servicios públicos y a no presentarse a trabajar el domingo, un día laborable en Bangladesh. Las oficinas, los bancos y las fábricas abrieron, pero los viajeros en Dacca y otras ciudades se enfrentaron a dificultades para llegar al trabajo.
Las manifestaciones comenzaron el mes pasado cuando los estudiantes pidieron el fin de un sistema que reservaba el 30 por ciento de los empleos públicos a familiares de veteranos que combatieron en la guerra de independencia de Bangladesh contra Pakistán en 1971.
Mientras la violencia alcanzaba su apogeo, la Corte Suprema del país decidió reducir la cuota para veteranos al 5 por ciento, con el 93% de los puestos asignados por mérito. El 2 por ciento restante se reservará a miembros de minorías étnicas y personas transgénero y discapacitadas. El gobierno aceptó la decisión, aunque los manifestantes han seguido exigiendo responsabilidades por la violencia que atribuyen al empleo de la fuerza por parte del gobierno.
El gobierno de Hasina ha acusado a los partidos opositores y sus ramas juveniles de instigar a la violencia, en la que también se han incendiado o vandalizado varias instalaciones propiedad del estado.
JCM