Tras los últimos días de desencuentros, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts anunciaron un acuerdo que permitirá a Pedro Sánchez ser reelegido como presidente de España.
El principal punto del acuerdo es la ley de amnistía para los que participaron en la declaración ilegal de independencia de Cataluña, en el 2017, y que fue la principal exigencia de Junts, partido al que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont.
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El pacto supone “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, según el documento. Para ello, se establece una mesa de negociación entre ambos partidos que incluya un mecanismo para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.
La presentación de la ley de amnistía tendrá lugar la semana que viene, cuando también está previsto que se lleve a cabo la investidura de Sánchez. La amnistía impedirá -si la ley prospera- que los independentistas catalanes sean juzgados y dejará sin efecto las condenas vigentes de otros.
“Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos”, se indica.
En esta negociación política a la que se comprometen de ahora en adelante sobre el encaje territorial de Cataluña se tratará, según el acuerdo firmado, sobre dos grandes asuntos: la “superación de los déficits y limitaciones del autogobierno” y “las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”. En el mismo acuerdo Junts ya hace una declaración de intenciones cuando adelanta que reclamará un referéndum pactado y un pacto fiscal para Cataluña.
Las negociaciones, que se produjeron en Bruselas, donde Puigdemont, reside tras huir en 2017, tuvieron como objetivo asegurar que la ley no tuviera fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional.
Dichas negociaciones entre el PSOE y Junts arrancaron hace tiempo, se aceleraron tras el acuerdo anunciado entre los socialistas y Esquerra Republicana de Cataluña la semana pasada, que contempla una ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies y una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15 mil millones de euros.
El mismo día en que se anunciaba dicho acuerdo, Puigdemont convocó a la cúpula de Junts en Bélgica y entonces parecía que el acuerdo de Junts con el PSOE estaba cerca, pero no fue así.
La negociación y el intercambio de documentos se alargó hasta ahora porque Puigdemont no estaba dispuesto a ceder en determinadas cuestiones.
A la ofensiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Audiencia Nacional se ha sumado en los últimos días las protestas alentadas por el ultraderechista Vox en las calles de Madrid, además de una carta del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, en la que pide información al Gobierno sobre la ley de amnistía.
Oportunidad histórica
El Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que firmó el acuerdo con Jordi Turull, de Junts, expresó que estamos ante un “acuerdo para una oportunidad histórica” entre dos partidos que tienen “profundas divergencias” y que están preparados “para abrir una nueva etapa”.
Aseguró que el acuerdo con Junts para una ley de amnistía abarca a la gente que ha estado relacionada con el proceso soberanista “desde sus inicios en 2012”, aunque serán los jueces los que valoren “si cubre a unos o a otros”.
“A partir de ahí, tenemos que ver qué sucede contra los demás, no somos nosotros, sean los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. No se ha hablado de nombres en particular”, detalló Santos Cerdán.
En cuanto a la posibilidad de la celebración de un referéndum de independencia, dejó claro que la “línea roja” del PSOE es la Constitución: “Todo lo que hagamos será dentro de la Constitución. En todo lo que se ha hablado sobre el referéndum nos hemos limitado a la Constitución”, aseveró.
Mientras que, por otro lado, desde el principal partido de oposición, el conservador Partido Popular (PP), criticaron el acuerdo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que el pacto supone meter a España en una dictadura: “Es entrar en una dictadura. Han estado con que viene Franco, la ultraderecha, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás”. “Las dictaduras van carcomiendo, van poco a poco y estamos al comienzo de la misma”, insistió.
Además, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, calificó el “acuerdo vergonzante y humillante”. “Pedro Sánchez quiere humillarnos” y adelantó que su partido hará “una oposición firme desde el punto de vista institucional y también jurídico” una vez comience la tramitación de la ley de amnistía.
CHZ