El proceso judicial que se desarrolla en Estados Unidos y que ha captado la atención a nivel internacional corresponde a la demanda interpuesta contra la Universidad Cornell, en el estado de Nueva York.
La acción legal se originó después de que una joven, bajo el seudónimo de Jane Doe, hiciera pública su denuncia por haber sido víctima de una presunta agresión sexual grupal por parte de un grupo de estudiantes de la institución.
A pesar de que las investigaciones penales se reabrieron recientemente tras el tiempo transcurrido desde los hechos, diversas comunidades en redes sociales y algunos colectivos han comenzado a exigir justicia y respuestas institucionales.
Esta movilización digital y legal anticipa un escenario con severas consecuencias jurídicas, académicas y laborales para quienes resulten responsables de los hechos denunciados.
Identidades y vínculos de los señalados en Universidad de Cornell
La demanda civil presentada este mes por la víctima hizo públicos los nombres de siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, acusados formalmente como presuntos responsables directos de agresión sexual y lesiones. Los señalados en el expediente judicial son:
- Matthew Ingalls
- Johnathan Newell
- Winston Lee
- Gillio Lopes
- Diego Sarabia
- Scott Norris
- Scott Kretzschmar
De acuerdo con registros universitarios revelados por el periódico estudiantil The Cornell Daily Sun, al menos cuatro de los acusados (Ingalls, Lee, Kretzschmar y el expresidente de la fraternidad, Orazio Petito) formaban parte del equipo de rugby de la universidad.
Respuestas públicas y situación de los involucrados
Ante las acciones legales interpuesta, los abogados defensores de tres de los acusados emitieron declaraciones oficiales para negar o precisar la participación de sus representados:
- Scott Kretzschmar: Su abogado, Jeremy Saland, sostuvo que su cliente únicamente emitió un comentario inmaduro en un chat grupal y que no incurrió en agresiones físicas. Pese a estas declaraciones, tras la difusión de la demanda y la reapertura del caso, la firma de servicios financieros Wells Fargo prescindió de sus servicios laborales.
- Scott Norris: Su defensa afirmó que, si bien envió mensajes en chats grupales, no consumió sustancias ni participó en actos de índole sexual. Asimismo, señaló que las investigaciones internas iniciales de la Universidad Cornell no lo hallaron responsable de las conductas graves por las que otros alumnos sí recibieron sanciones severas.
- Gillio Lopes: Su representante legal, Andrew Miltenberg, rechazó los cargos argumentando que las acusaciones civiles actuales presentan discrepancias significativas respecto a los testimonios y hallazgos obtenidos por la universidad durante su indagatoria interna previa.
En el ámbito institucional, la Universidad Cornell aplicó medidas disciplinarias tras concluir sus procesos internos. Aunque las normativas de privacidad no permiten detallar las sanciones individuales, la representación legal de la demandante confirmó la expulsión definitiva de dos estudiantes, mientras que otros cinco recibieron suspensiones temporales y la asignación de talleres formativos.
Estatus penal actual
Durante la fase inicial de la denuncia en 2024, ninguno de los implicados fue arrestado ni enfrentó cargos criminales, debido a que la fiscalía local consideró insuficiente la evidencia penal recabada en aquel momento.
Sin embargo, ante la presentación de la demanda civil y la divulgación pública de los nombres, el fiscal del distrito del condado de Tompkins reabrió formalmente el caso. Actualmente, las autoridades presentan los elementos de prueba ante un gran jurado de Nueva York, órgano que determinará si corresponde la formulación de cargos penales y la emisión de órdenes de aprehensión.