Los mandos político y militar responsables de la destrucción de una nave supuestamente cargada de drogas que habría zarpado de Venezuela, en una zona del Mar Caribe, deben rendir cuentas ante el sistema de justicia de Estados Unidos, afirmó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
El organismo indicó que no está claro si las fuerzas militares estadunidenses desplegadas en el sur del Caribe intentaron contactar a las personas del barco, lanzaron disparos de advertencia o trataron de desactivar el motor disparando a una parte del barco en la que no hubiera tripulantes.
¿Qué dijo la WOLA?
También sostuvo que las autoridades estadunidenses deberían abordar la cuestión de si hay evidencia de que los que estaban a bordo amenazaban al personal de su país de una manera que justifique el uso de la fuerza letal.
“Si la evidencia muestra que el ejército de los Estados Unidos, aparentemente por orden del presidente Trump, se involucró en el uso ilegal de la fuerza que causó la muerte de 11 personas en aguas internacionales, los responsables, especialmente a nivel de mando político y militar, deben rendir cuentas en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos y bajo el Código Uniforme de Justicia Militar”.
Además, expresaron que el Congreso debe exigir al gobierno norteamericano que revele todos los hechos involucrados en la ofensiva.
“Lo que hemos visto hasta ahora sugiere que las fuerzas armadas de los Estados Unidos hicieron algo que nunca habían hecho, hasta donde sabemos, en más de 35 años de participación militar en la interdicción de drogas en el Mar Caribe: una escalada instantánea a una fuerza letal desproporcionada contra un buque civil sin ninguna justificación aparente de autodefensa”, señaló WOLA.
Ataque incumpliría leyes estadunidenses
La oficina también detalló que el ataque a la embarcación “viola la letra y el espíritu de más de un siglo de normas internacionales y las propias regulaciones de los Estados Unidos”.
Entre ellas estaría la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, y el Manual de San Remo sobre Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar.
Además del Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa y las Reglas Permanentes de Compromiso de los Jefes Conjuntos y las Reglas Permanentes para el Uso de la Fuerza.
“Todas estas medidas requieren contención en el uso de la fuerza, especialmente la fuerza letal, cuando las vidas de los no combatientes civiles están en riesgo: una respuesta gradual y proporcionada que intensifica cuidadosamente la fuerza para evitar exactamente el tipo de resultado que describe el video del presidente Trump”, explicó la Oficina.
“Estas normas prohíben explícita o implícitamente el uso de la fuerza letal cuando no hay justificación de autodefensa”, añadió WOLA.
MD