El congreso salvadoreño, de amplia mayoría afín al presidente Nayib Bukele, anuló una controvertida ley que penalizaba la difusión de mensajes de las pandillas, incluso por parte de los medios de comunicación.
A inicios del año pasado, el mandatario lanzó una ofensiva contra las bandas dedicadas al tráfico de drogas y a la extorsión, logrando que el índice de criminalidad en la pequeña nación centroamericana cayera en picado, mientras que los encarcelamientos se dispararon.
Como parte de la estrategia, la ahora derogada legislación castigaba con hasta 15 años de cárcel la difusión de mensajes de las pandillas, incluyendo grafitis "o cualquier forma de expresión visual" relacionada con la Mara Salvatrucha, su rival Barrio 18 u otros grupos más pequeños.
Los críticos de la norma argumentaron que apuntaba injustamente a periodistas, quienes suelen recurrir a fotografías y vídeos que muestran violencia gráfica, además de mensajes de presuntos pandilleros, entrevistas, grafitis y audios compartidos a través de redes sociales.
Si bien nunca se realizaron arrestos bajo la ley, legisladores del partido de Bukele, Nuevas Ideas, aseguraron que había cumplido su propósito, durante un breve debate en el pleno el miércoles por la noche.
"Hemos ganado esta guerra con las pandillas y podemos cambiar nuestra política criminal", dijo el diputado oficialista, Walter Coto.
Su compañero Christian Guevara, el congresista detrás de la medida original, fue agregado a la lista negra de corrupción de Estados Unidos, conocida como la "Lista Engel", por promover la legislación.
Bukele goza de una popularidad sin precedentes, en gran medida, por su campaña contra las pandillas que ha liberado zonas enteras del país antes controladas por los delincuentes, a pesar de las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El gobernante, quien la semana pasada solicitó su inscripción como candidato para los comicios presidenciales de 2024, ha negado los señalamientos y rechazado informes de que habría acordado treguas con las pandillas a cambio de beneficios carcelarios.
SNGZ