Estudiantes, profesores y otros supervivientes de la matanza en la localidad de Tumbler Ridge, Canadá, presentaron 30 demandas contra OpenAI, acusando a la compañía por negligencia al no alertar a las autoridades sobre las conversaciones que la autora del ataque mantuvo con ChatGPT en las que hacía referencia a sus violentos planes.
Las demandas, presentadas ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, estado donde OpenAI tiene su sede, se suman a otras siete interpuestas en abril por familiares de víctimas de la matanza, que el 10 de febrero causó ocho muertos en la pequeña localidad de Columbia Británica.
Los nuevos demandantes incluyen estudiantes y personal del centro escolar que presenciaron el ataque, entre ellos una superviviente que recibió un disparo en el pecho y un menor de 13 años que, según la demanda, fingió estar muerto entre los cuerpos de sus compañeros.
Equipo de OpenAI sabía sobre planes del ataque, asegura defensa
Los abogados sostienen que los equipos de seguridad de OpenAI detectaron meses antes del ataque las conversaciones de Jesse Van Rootselaar, de 18 años, que incluían escenarios violentos, y recomendaron que se informara a las autoridades.
Las demandas alegan además que OpenAI aplicó un doble criterio de seguridad: mientras no avisó a la policía canadiense sobre Van Rootselaar, la compañía sí habría alertado inmediatamente a las autoridades estadunidenses cuando detectó amenazas contra sus propios empleados en noviembre de 2025.
Los demandantes pretenden también obligar a OpenAI a entregar los registros de las conversaciones de la atacante con ChatGPT y documentos internos sobre la decisión de no informar a las autoridades.
Sus abogados reclaman indemnizaciones compensatorias y punitivas y reformas que obliguen a las grandes plataformas a comunicar amenazas previsibles e inminentes de violencia.
OpenAI responde ante señalamientos
OpenAI rechazó parte de las acusaciones. Su director de estrategia, Jason Kwon, afirmó en la red social X que los equipos de Inteligencia e Investigaciones y el departamento legal, que dependen de él, son responsables de establecer los criterios sobre cuándo informar a las fuerzas de seguridad y de aplicar esos estándares en casos complejos.
Kwon señaló que esos equipos utilizan sistemas automatizados, pero reservan las decisiones más difíciles al juicio humano, y trabajan con expertos en salud mental, comportamiento y fuerzas de seguridad para determinar cuándo una conversación supone un riesgo "inminente y creíble".
El directivo reconoció que ese juicio "no es infalible", aunque aseguró que busca equilibrar la seguridad pública con la privacidad de los más de mil millones de usuarios de los servicios de OpenAI.
Kwon negó además de forma tajante que Chris Lehane, responsable de Asuntos Globales de OpenAI, participara en la decisión inicial sobre si informar del caso de Van Rootselaar a la policía, y calificó de "completamente falso" que factores políticos o de relaciones públicas influyeran en las decisiones de seguridad.
El gobierno de la provincia canadiense de Columbia Británica también prepara posibles acciones legales contra OpenAI por el caso.
MD