Un jurado de un tribunal federal declaró culpable de desacato a Steve Bannon, un ex asesor de Donald Trump, por haberse negado a colaborar con el comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio.
Este consejero discreto, pero muy influyente, siguió en contacto con el ex presidente republicano hasta los días previos al asalto del 6 de enero de 2021. El comité parlamentario le había pedido que prestara declaración y presentara documentos, a lo que él se negó.
Bannon, de 68 años, fue declarado culpable tras un juicio de cuatro días en un tribunal federal de Washington por dos cargos: uno por negarse a comparecer a una declaración y otro por negarse a proporcionar documentos en respuesta a la citación del panel. El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó durante algo menos de tres horas.
Bannon se enfrenta a una pena máxima de dos años de prisión federal cuando sea condenado el 21 de octubre. Cada cargo conlleva una sentencia mínima de 30 días de cárcel.
La comisión buscó el testimonio de Bannon sobre su participación en los intentos de Trump para anular las elecciones presidenciales de 2020. Bannon había argumentado inicialmente que su testimonio estaba protegido por la alegación de privilegio ejecutivo de parte de Trump, pero el panel de la Cámara de Representantes y el Departamento de Justicia sostienen que tal afirmación es dudosa, ya que el ex presidente había despedido a Bannon de la Casa Blanca en 2017. Por lo tanto, Bannon era un particular cuando estaba consultando con el entonces presidente en el periodo previo al asalto al Capitolio.
Los abogados de Bannon trataron de argumentar durante el juicio que él no se negó a cooperar y que las fechas “eran imprecisas”. Señalaron el hecho de que Bannon había dado marcha atrás poco antes de que comenzara el juicio —después de que Trump renunciara a su objeción— y se había ofrecido a testificar ante la comisión.
En los alegatos finales el viernes, ambas partes reafirmaron sus posiciones. La fiscalía sostuvo que Bannon hizo caso omiso de plazos claros y explícitos, mientras la defensa dijo que Bannon estaba convencido de que los plazos eran flexibles y negociables.
El 23 de septiembre, se le presentó al Bannon una orden de presentar el 7 de octubre documentos requeridos a la comisión y comparecer en persona el 14 de octubre. El ex asesor fue acusado en noviembre de dos cargos de desacato al Congreso, un mes después de que el Departamento de Justicia recibiera la remisión del panel de la Cámara.
El abogado de Bannon, Evan Corcoran, dijo al jurado en sus argumentos finales que esos plazos eran meros “marcadores de posición” mientras los abogados de cada parte negociaban los términos. Añadió que la comisión “se apresuró a juzgar”, porque “quería dar un ejemplo con Steve Bannon”.
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Corcoran también insinuó que la testigo principal del gobierno y abogada de la comisión investigadora, Kristin Amerling, tenía prejuicios personales. Amerling reconoció en el banquillo de los testigos que era demócrata de toda la vida y amiga de uno de los fiscales desde hace años. También insinuó que la firma del presidente de la comisión, Bennie Thompson, lucía distinta en la orden de comparecencia que en otras cartas, pero desistió ante las objeciones de la fiscalía.
Los fiscales destacaron la serie de cartas entre la comisión y los abogados de Bannon. La correspondencia revela que Thompson rechazó inmediatamente el argumento de que Bannon estaba exento de declarar bajo el privilegio ejecutivo reclamado por Trump y lo amenazó con acusarlo penalmente.
“La defensa quiere mostrar que esto es arduo, difícil y confuso. Esto no es difícil. Esto no es arduo. Solamente hubo dos testigos porque esto es tan fácil como parece”, dijo la fiscal Amanda Vaughn en su alegato final.
LP