Hace 20 años se convirtió en el primer narcoescándalo de la Argentina. A través del sistema financiero de nuestro país, y usando testaferros, el entonces poderosísimo Cártel de Juárez había logrado desviar desde México millones de dólares producto del tráfico de cocaína a Estados Unidos.
El caso siempre fue récord, tanto por el dinero involucrado como por los 17 años que tardó la Justicia en llegar a una sentencia. Y ahora está a punto de romper una nueva marca: el Estado prepara una subasta sobre los bienes de los narcos, principalmente campos y departamentos en Capital Federal, Bahía Blanca y la Costa Atlántica. Y la cifra en juego supera los 300 millones de pesos.
Conocido por amigos y enemigos como El Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes -capo del Cártel de Juárez- se instaló en la Argentina entre 1996 y 1997. Murió en julio del 97 en México, durante una operación para cambiar su rostro y, de paso, hacerse una liposucción. Más allá de eso, sus segundas líneas continuaron con las inversiones en nuestro país.
Dos años después de muerto, en 1999, las autoridades mexicanas, con el impulso de la DEA, denunciaron que Carrillo Fuentes y sus sucesores habían invertido parte de su fortuna en distintas provincias argentinas.
La vía para enviar dinero a Buenos Aires había sido la financiera Mercado Abierto, de Aldo Ducler, fallecido el año pasado y recordado por haber sido el encargado de manejar los fondos de Santa Cruz por pedido de Néstor Kirchner.
Ducler terminó haciendo un trato en Estados Unidos y luego fue sobreseído por la justicia Argentina. El expediente pasó por varios jueces, tuvo un trámite accidentado y recién el 29 de agosto de 2016 llegó a sentencia a través de la modalidad de juicio abreviado.
En esa oportunidad, lo importante no fueron las condenas (tres años y medio de prisión en suspenso), dado que los principales acusados habían muerto antes de llegar a la etapa de debate oral.
Lo que tuvo más peso fue el decomiso de los bienes comprados por los narcos, impulsado por el fiscal Diego Velasco y ordenado por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 6, Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez Sobrino.
Un departamento de 180 metros cuadrados en pleno Recoleta -en el que los mexicanos invirtieron 75.000 dolares cash sólo en su decoración- y un campo en el que Carrillo Fuentes construyó una capilla con un cristo de tamaño real e instaló en el living un león embalsamado, son sólo dos de las propiedades decomisadas que quedaron a disposición de la comisión mixta integrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Sedronar.
Esta comisión -acusada en años anteriores de poco transparente o poco ejecutiva- es la beneficiaria de los decomisos en casos de drogas, aunque en realidad estos casi nunca llegan a concretarse.
En el caso de la causa del Cártel de Juárez, tanto la Corte como la Sedronar ya recibieron 11 millones de pesos cada uno producto de los alquileres de los campos y departamentos durante casi 20 años de trámite de la causa.
Ese dinero, en el caso de la Sedronar, debe ser destinado a la lucha contra la drogadependencia. Pero en el de la Corte su destino es menos transparente y ni siquiera existe un registro público del dinero que dispone el tribunal por esta vía.
A eso se suma que como este caso de ejecución de decomiso solo cuenta como antecedente con el remate del petit hotel de María Julia Alsogaray -comprado en 2009- no hay experiencia en la que basarse.
En casi 10 años no se registró un procedimiento similar y la idea es que la subasta esté a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de Jefatura de Gabinete. Esa es la propuesta que la Sedronar le elevó a la Corte y que todavía estaría pendiente de aprobación.
Por lo pronto el Tribunal de Tasación de la Nación ya estimó en 300 millones de pesos la valuación de los bienes a subastar. Esta cotización no incluye un campo de 7000 hectáreas ubicado en San Juan, en la zona pre cordillerana de Calingasta.
Por sus características, la Sedronar consultó con la Administración de Parques Nacionales, que le elevó un informe sosteniendo que las tierras tienen potencial para convertirse en una reserva natural. Existen dos teorías de por qué los narcos compraron estas tierras. La primera sostiene que buscaban tener un paso libre hacia Chile. La segunda que sabían de la riqueza mineral del lugar.
Sin dudas las joyas de la subasta serán el departamento ubicado sobre la avenida Alvear, en Recoleta, y el campo "El Arbolito", de unas 2500 hectáreas ubicado en el partido de Mar Chiquita. Este campo fue comprado por los narcos en poco más de 2 millones de dólares y hoy esta tasado en una suma casi cinco veces mayor: 180 millones de pesos.
Como suele ocurrir en las causas de narcotráfico, también hay autos decomisados. Pero hoy sólo se sabe dónde están dos de las cinco camionetas 4x4 decomisadas.