M+.- El 11 de junio de 2026 arranca el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá en conjunto con la FIFA y millones de personas llegarán a nuestro país. Habrá dinero, cámaras, turistas de todos los continentes y una exposición internacional que el país no había tenido en décadas.
Detrás de esta celebración deportiva se asoma una realidad que muchos prefieren ignorar: una alerta que especialistas, legisladores y organismos internacionales llevan tiempo señalando: el turismo sexual.
En México, no es un fenómeno aislado ni una distorsión marginal del sector turístico. Es una forma de explotación que se alimenta de la impunidad, de la vulnerabilidad social, la debilidad institucional y de redes criminales que operan en algunos de los destinos más visitados del país.
Frente a un megaevento como la Copa del Mundo, el riesgo no es hipotético: la experiencia internacional muestra que este tipo de concentraciones masivas suelen detonar mercados ilícitos ya existentes.
Hablar de turismo sexual implica hablar de quiénes lo sostienen, cómo se organiza, quiénes son sus víctimas y por qué México llega al Mundial 2026 desde una posición especialmente delicada.
¿Qué es el turismo sexual y por qué existe?
La Organizaciòn Mundial de Turismo (OMT) en la Declaración del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, junio de 1996, define al turismo sexual como una modalidad de explotación en la que una persona se desplaza —dentro o fuera de su país— con el propósito de sostener actividades sexuales en contextos donde percibe menor vigilancia, mayor impunidad o mayor vulnerabilidad social de las posibles víctimas a cambio de un remuneracion economica.
Cuando eso involucra a personas menores de edad, el nombre cambia a: turismo sexual infantil. Y deja de ser una conducta moralmente cuestionable para convertirse en un crimen que viola los derechos humanos más fundamentales.
Pero si queremos ir más a detalle, el turismo sexual no puede reducirse a la idea de “viajar para tener sexo”, porque esa definición minimiza un fenómeno mucho más profundo y estructurado. Sobre todo cuando hablamos de personas el situación de vulnerabilidad y más aún si las víctimas son niños.
La pregunta de fondo es por qué existe y qué lleva a un agresor a cruzar una frontera para abusar de un menor. Estudios de organismos como ECPAT International, INTERPOL y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han identificado diversos factores. Uno de los principales es la percepción de anonimato: al encontrarse fuera de su país, algunos ofensores consideran que tienen menos probabilidades de ser identificados, denunciados o castigados.
Por otro lado, también se le suma la distorsión cultural: muchos ofensores se convencen de que en ciertos países las relaciones con menores son “más toleradas” o “menos estigmatizadas”, aunque esa idea sea falsa. También aparece una racionalización económica: creen que el dinero que entregan “ayuda” a la víctima o a su familia, como si el pago pudiera borrar la violencia y el daño.
ECPAT International, una de las organizaciones que más tiempo lleva documentando este fenómeno, distingue dos perfiles frecuentes: el primero es el agresor vinculado a la pedofilia clínica, con una atracción específica hacia niños y niñas prepubescentes.
El segundo es el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha descrito como abusador transicional o situacional: alguien que no necesariamente se identifica como pedófilo, que puede tener trabajo, familia y una vida social aparentemente normal, pero que actúa cuando detecta oportunidad, anonimato y una baja probabilidad de castigo.
Investigaciones de ECPAT International y autoridades especializadas han documentado que los ofensores vinculados al turismo sexual infantil suelen ser mayoritariamente hombres y no responden a un único perfil económico o profesional. Involucran a personas con capacidad para viajar internacionalmente, procedentes de distintas regiones del mundo, incluidos países de Europa Occidental y Estados Unidos. Viajan con dinero, con documentos en regla y con la convicción de que en ciertos destinos las normas no se aplican con la misma fuerza. El problema es que, durante demasiado tiempo, esa percepción ha encontrado condiciones reales para sostenerse.
México, un lugar en la estadística que nadie querría ocupar
Desde hace más de una década, organizaciones civiles, legisladores y especialistas han insistido en lo mismo. En 2012, la propia Cámara de Diputados asentó en un comunicado que México ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en incidencia de turismo sexual infantil. Más de diez años después, las alertas no se han disipado de manera significativa.
Entre enero de 2015 y febrero de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 2 mil 835 víctimas menores de edad en casos de trata de personas: 2 mil 119 mujeres y 716 hombres. La cifra, por sí sola, ya resulta alarmante, pero además representa únicamente la parte visible de un delito caracterizado por su enorme subregistro.
La dimensión de la impunidad ayuda a entender el tamaño del problema. Menos del uno por ciento de los casos de abuso sexual infantil en México concluye en una sentencia condenatoria. Eso significa que la impunidad no es parcial ni excepcional: alcanza niveles cercanos al 99 por ciento.
La organización Reinserta ha estimado que al menos 20 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata cada año en el país. Tres de cada diez víctimas de trata en México son menores de edad, y dentro de ese grupo, siete de cada diez son niñas y adolescentes mujeres. Los números no describen hechos aislados, sino una crisis persistente.
Hay además otro dato que agrava el panorama. México concentra cerca del 60 por ciento de la producción de material de abuso sexual infantil en el continente americano. No se trata de una percepción ni de un problema de imagen internacional, sino de una realidad documentada por organizaciones y observatorios que han seguido la expansión de estos delitos en entornos físicos y digitales.
En la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia ha señalado que 62 por ciento de los casos clasificados como trata de personas corresponde a lo que antes se llamaba pornografía infantil y que hoy se denomina correctamente como material de abuso sexual infantil. El resto se distribuye entre prostitución forzada, explotación laboral y trabajo forzado.
Mientras tanto, el número de visitantes que ingresan al país sigue creciendo. Tan solo en 2025 entraron a México 98.2 millones de visitantes extranjeros. En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido que una proporción de ciertos desplazamientos internacionales puede estar vinculada al turismo sexual y que existe un porcentaje, pequeño pero alarmante, de viajeros con tendencias pedófilas o comportamientos de riesgo asociados con este fenómeno.
Las víctimas: quiénes son y cómo las captan
La imagen más extendida sobre la trata con fines de explotación sexual suele ser incompleta. No siempre se trata de una niña secuestrada en la calle por un desconocido. La realidad es mucho más compleja, y justamente por eso es más difícil de detectar y combatir.
En 51 por ciento de los casos de trata en niñas, niños y adolescentes —si se excluyen los relacionados con material de abuso sexual infantil— la captación ocurre a través de un familiar o de alguien perteneciente al círculo cercano. Es decir, el riesgo no siempre viene de fuera. En muchos casos ya se encuentra dentro del entorno cotidiano de la víctima.
En el espacio digital, los mecanismos de enganche también se han diversificado. Las víctimas son contactadas a través de Facebook, Instagram y WhatsApp, pero también mediante aplicaciones de citas, videojuegos en línea y entornos virtuales donde un agresor puede construir confianza durante semanas o meses antes de pedir fotografías, encuentros o favores sexuales. Lo que se presenta como una amistad o una relación afectiva termina convirtiéndose en un proceso de manipulación y control.
Entre las personas migrantes, el engaño también cumple un papel central. El 63 por ciento de quienes denunciaron haber vivido situaciones de trata reportaron haber sido atraídos con falsas promesas de trabajo, ayuda para cruzar la frontera o una oportunidad de vida mejor. En otras palabras, la explotación se monta sobre necesidades reales: pobreza, desplazamiento, precariedad o falta de redes de protección.
Las principales víctimas provienen de contextos de vulnerabilidad económica y social. Distintos estudios documentan que algunos menores son obligados a atender a múltiples agresores por semana. También se ha detectado un aumento preocupante en casos que involucran a niños y niñas menores de 10 años, lo que exhibe un grado extremo de violencia y desprotección.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó más de 200 mil víctimas de trata entre 2020 y 2023 a escala global, aunque advirtió que la cifra real es considerablemente mayor por el nivel de subregistro. De acuerdo con su análisis, 74 por ciento de los casos estudiados tiene vínculos con estructuras del crimen organizado, ya sea por control territorial violento o por esquemas empresariales de explotación sistemática.
En México, además, se estima que más de 30 mil menores han sido reclutados por grupos criminales. Ese dato no solo habla de inseguridad, sino de la facilidad con la que los grupos delictivos incorporan a niñas, niños y adolescentes a cadenas de explotación, vigilancia o violencia.
¿Quién controla el turismo sexual en México?
No existe una empresa visible ni un organigrama formal. El turismo sexual en México no opera con razón social, nombre comercial o dueño identificable. Funciona a través de redes de trata de personas, proxenetismo y delincuencia organizada que se instalan estratégicamente en destinos turísticos con alta demanda, fuerte flujo de efectivo y gran movilidad de visitantes.
Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Tijuana, Acapulco y Guadalajara aparecen de forma recurrente en investigaciones y reportes relacionados con estas prácticas. En esos territorios, diversas indagatorias periodísticas han documentado la presencia de grupos que cobran cuotas, controlan espacios físicos, extorsionan, encubren actividades ilícitas y se benefician de circuitos donde la vigilancia es insuficiente o se encuentra corrompida.
El control de estas redes no es accidental. Es territorial, económico y violento. Se fortalece justamente porque logra camuflarse dentro de una industria turística legal. El hotel que no pregunta, el bar que no reporta, la plataforma que no verifica, la autoridad que decide no intervenir o el establecimiento que normaliza conductas sospechosas terminan formando parte de un entorno funcional para la explotación.
La trata no sobrevive por sí sola. Se sostiene mediante cadenas de complicidad institucional, omisión y tolerancia que permiten que opere en espacios donde debería haber protección. El turismo sexual no se instala únicamente donde hay visitantes, sino donde las reglas pueden torcerse, relajarse o dejar de aplicarse.
Mundial 2026: la prueba que México no puede ignorar
En menos de unas horas, México abrirá sus puertas al mundo para recibir el Mundial 2026. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán sedes de partidos y concentrarán flujos humanos sin precedentes. Habrá visitantes nacionales e internacionales, consumo intensivo, saturación hotelera, presión sobre servicios, altos niveles de circulación económica y una infraestructura turística puesta al límite.
Ese contexto ha encendido una alerta que especialistas, legisladores y organismos internacionales llevan meses planteando: los megaeventos deportivos suelen generar picos en la demanda de explotación sexual.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado este patrón en eventos internacionales previos. UNICEF México también ha advertido sobre los riesgos específicos que estos escenarios representan para niñas, niños y adolescentes.
La lógica es conocida: cuando convergen movilidad masiva, anonimato, consumo acelerado y percepción de impunidad, las economías ilícitas se activan, se reacomodan y buscan aprovechar el momento.
México no llega al Mundial desde una situación neutral. Llega con el antecedente de haber sido señalado durante años como uno de los países con mayor incidencia de turismo sexual infantil, con niveles extremos de impunidad y con redes criminales ya posicionadas en varios de los principales destinos turísticos nacionales.
Frente a ese panorama, el Senado ha discutido medidas específicas. Se propuso reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas mediante la incorporación de un artículo enfocado en eventos internacionales masivos.
Entre las medidas planteadas se encuentran protocolos interinstitucionales entre seguridad, migración, turismo y protección de la niñez; refuerzo de vigilancia en terminales aéreas, marítimas y terrestres; supervisión activa de plataformas digitales de alojamiento y transporte, y mecanismos ágiles de denuncia con atención multilingüe.
De forma paralela, comisiones del Senado aprobaron reformas a la Ley General de Turismo para obligar a hoteles y prestadores de servicios a verificar la tutela legal de los menores que acompañen a cualquier visitante. Si esa tutela no puede acreditarse, el establecimiento tendría la facultad de negar el servicio y notificar a las autoridades.
La pregunta es si todo eso bastará. Porque los antecedentes internacionales muestran que los riesgos aumentan antes, durante y después de los megaeventos, y que una parte importante de la prevención depende no solo de la ley escrita, sino de la capacidad real de aplicación, coordinación y reacción de las instituciones.
No es turismo: es trata, abuso y esclavitud moderna
Llamarlo turismo sexual puede generar una falsa sensación de neutralidad. Pero cuando involucra explotación, coerción, captación, menores de edad, redes criminales y aprovechamiento de la vulnerabilidad, el término correcto no remite al ocio ni al viaje: remite a trata, abuso y formas contemporáneas de esclavitud.
Ese delito puede esconderse detrás de un destino de playa, detrás de una pantalla, detrás de una promesa de empleo, detrás de un vínculo afectivo manipulado o detrás de alguien cercano a la víctima. Y por eso mismo su combate exige algo más que indignación pública ocasional.
Mientras el mundo vea futbol, también habrá personas intentando aprovechar la fiesta. No se trata de catastrofismo, sino de una advertencia respaldada por antecedentes, informes y patrones ya observados en otros eventos deportivos de gran escala. Y claro que el futbol o el deporte no son el problema. El verdadero reto para México no es solo recibir bien a millones de visitantes, sino hacerlo sin dejar espacios para que esa vitrina internacional también se convierta en una oportunidad para los explotadores.
Las preguntas, por tanto, son inevitables. ¿Qué tan preparadas están las autoridades mexicanas para identificar perfiles de riesgo antes del arranque del torneo? ¿Qué intercambio de información existe con otros países sobre agresores sexuales conocidos? ¿Qué tan capaces son los hoteles, plataformas y prestadores de servicios de detectar señales de alerta? ¿Y qué mecanismos de denuncia tendrán las posibles víctimas o quienes presencien situaciones sospechosas en un contexto de alta movilidad y saturación institucional?
El Mundial 2026 pondrá a prueba no solo la capacidad logística del país, sino la fortaleza real de sus sistemas de protección. En ese terreno, la omisión también tiene consecuencias.