La Fiscalía de Turquía estableció una unidad especial para investigar posibles negligencias en los edificios derrumbados por el terremoto del lunes y se han dictado ya más de 110 órdenes de detención, informó el vicepresidente turco, Fuat Oktay.
Según medios locales, la policía turca ya detuvo este sábado al menos a 14 personas tras el derrumbe de edificios en las provincias de Gaziantep y Sanliurfa. Entre los detenidos se incluían constructores.
Al menos 6 mil edificios se derrumbaron en Turquía y la cifra global de muertos asciende a más de 33 mil (29 mil 605 en ese país y otros 3 mil 575 en Siria) lo que genera dudas sobre si la tragedia pudo haber sido menor en caso de aplicarse criterios de construcción más estrictos.
El Ministerio de Justicia señaló que era crucial reunir pruebas e imponer medidas cautelares a los sospechosos para evitar que puedan huir del país.
El pasado viernes la policía detuvo en un aeropuerto de Estambul, cuando intentaba huir a Montenegro, a un constructor turco de un exclusivo edificio residencial que se derrumbó con más de cien personas en su interior en la provincia de Hatay.
Renaissance Residence era uno de los edificios más exclusivos de la región, se construyó en 2013 y se publicitó con anuncios que definían sus departamentos como “una imagen del paraíso”. También se aseguraba que se habían levantado bajo los criterios más estrictos de calidad y seguridad.
En tanto, en otra investigación se ha ordenado detener a 33 personas en Diyarbakir por negligencia al eliminar pilares para ganar espacio en viviendas, lo que afectó a su resistencia estructural.
Estas detenciones son los primeros pasos del Estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas, algo que no pocos achacan a la corrupción y a los escasos controles.
Aunque Turquía cuenta con una normativa sobre resistencia sísmica en la construcción, rara vez se aplica, incluso en las viviendas más recientes y que debían haber soportado mejor los temblores.
Además, bajo la administración del presidente Recep Tayyip Erdogan se aplicaron varias amnistías a los edificios que habían incumplido la normativa, incluida la resistencia sísmica, y se legalizó su situación a cambio de una multa económica.
En las 10 provincias afectadas, de un tamaño mayor a un país como Portugal, vivían unas 13 millones de personas y, según datos oficiales, un millón ha perdido sus casas, ya sea porque se derrumbaron o quedaron inhabitables.
El último rescate exitoso en Turquía ha sido este domingo, cuando una profesora de 32 años fue liberada de los escombros tras 142 horas; así como un bebé de siete meses que estuvo 140 horas bajo un edificio de seis pisos.
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