Un año después del día más terrorífico de su vida, la profesora Betty Rubio sigue sin saber por qué tuvo que estar más de una hora encerrada en su aula, agazapada con sus "niños", esperando a que los rescataran. En el aniversario de la tragedia de la Escuela Primaria Robb, que acabó con la vida de 19 niños y dos maestras, Uvalde sigue sin tener respuestas.
Una hora y 17 minutos necesitaron los casi 400 efectivos que participaron en la operación de rescate hasta que entraron al colegio y abatieron a Salvador Ramos, un joven de 18 años que se atrincheró con su rifle de asalto AR-15, un arma de guerra que se compró en su cumpleaños.
Minutos que se hicieron eternos para Rubio, quien logró encerrarse en su clase con sus niños, como llama a sus alumnos.
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"No sé cuál es su protocolo para algo así, solo sé que esperamos en la clase, fuimos los últimos en salir porque la Policía llamaba a la puerta, pero había mucha confusión", recuerda la maestra entre lágrimas.
Minutos que permanecieron sentados en el suelo, "esperando, intentando tranquilizar a los niños". "No les dije lo que estaba pasando", explica, pero ella imaginaba lo que sucedía, lo que tantas veces ha pasado en el país donde los tiroteos múltiples son el pan de cada día.
Hay varias investigaciones abiertas sobre lo sucedido en la escuela, que permanece desde entonces cerrada a la espera de ser demolida. Según un informe de un comité de la Cámara de Representantes de Texas hubo "fallos sistémicos" en la respuesta policial, pero nadie ha sido procesado por ello.
La fiscal del distrito al que pertenece la ciudad, Christina Mitchell, está estudiando si se deben presentar cargos contra los oficiales y también hay abierta una pesquisa del Departamento de Justicia.
"Sabemos que nada de lo que podamos hacer puede deshacer el dolor (...), pero el Departamento de Justicia está haciendo todo lo que está a su alcance para evaluar lo que sucedió ese día y brindar las respuestas que merece la comunidad", apuntaba este jueves en una rueda de prensa el fiscal general estadunidense, Merrick Garland.
El jefe de la Policía Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, fue despedido en agosto, y varios otros cargos renunciaron, pero nadie está procesado y esta respuesta no es suficiente para la mayoría de habitantes de esta ciudad de 15 mil habitantes ubicada a 100 kilómetros de la frontera con México.
Tampoco lo es para Arnulfo Reyes, uno de los profesores supervivientes de la matanza, que resultó herido.
"Estamos molestos por lo que tardaron. Entiendo que son humanos, entiendo que se asustaran, pero estos niños pequeños no tenían armas ni nada para protegerse y deberían haberlos protegido", cuenta a la agencia EFE.
Por eso lleva meses, como muchos de los padres, protestando y exigiendo respuestas y cambios. Entre ellos, que se eleve de 18 a 21 la edad para poder tener un arma de asalto.
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Vestido de naranja, el color de protesta por la violencia con las armas, este miércoles ha acudido con un grupo de ciudadanos a protestar a la plaza donde se encuentra el memorial en honor de las víctimas.
También ha ido a la plaza Roy Guerrero, el pediatra que atendió a algunos de los niños que fueron trasladados al hospital aquel día. Este año ha testificado en dos ocasiones en el Capitolio estadunidense, en el comité por la reforma del control de las armas, contando sin rodeos lo que vio.
"Esas armas están hechas para desbaratar un cuerpo humano, imagínate el de un niño de diez años con un balazo en la cabeza o en el cuerpo... Niños sin cabeza, sin pecho. Estas armas no tienen ningún tipo de motivo por el que estar en nuestras comunidades", denuncia.
También se lo contó al presidente, Joe Biden, quien mandó este miércoles un mensaje de apoyo a las familias: "Nunca se irán de sus corazones. Siempre serán parte de ustedes", dijo en un mensaje en el que insistió en la necesidad de que el Congreso prohíba las armas de asalto.
aag