Viajando por Seúl en un vehículo de transporte penitenciario, el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, compareció el jueves ante dos tribunales diferentes. En uno de ellos impugnó su arresto por cargos de rebelión y en el otro se opuso a un esfuerzo para destituirlo. Uno por cargos penales, el otro por un juicio político, están relacionados con su breve imposición de la ley marcial en diciembre.
La seguridad se intensificó en la Corte del Distrito Central de Seúl cuando la caravana que transportaba a Yoon llegó para una vista preliminar que incluía conversaciones sobre testigos, pruebas propuestas y otros preparativos para su juicio penal.
El tribunal, que programó otra audiencia preliminar para marzo, también estudiaba una solicitud de los abogados de Yoon para cancelar su arresto y ponerle en libertad. Esas solicitudes rara vez tienen éxito. Se esperaba que la corte tomara una decisión en algún momento de la tarde del jueves.
Yoon atravesó después la capital hacia la Corte Constitucional, que se encuentra cerca de tomar una decisión sobre si destituirlo formalmente de su cargo después de que fue apartado por la Asamblea Nacional.
Yoon salió temporalmente de la sala del tribunal cuando el primer ministro, Han Duck-soo, compareció como testigo.
El abogado de Yoon explicó a los magistrados que su cliente creía que sería perjudicial para la imagen del país si ambos eran vistos juntos en la corte. Han respaldó la posición de Yoon de que la oposición progresista, que tiene mayoría legislativa, había interrumpido los asuntos del estado al impulsar la destitución de altos funcionarios y socavar el presupuesto del gobierno.
Sin embargo, Han repitió sus declaraciones anteriores a los legisladores e investigadores sobre que Yoon había violado los requisitos constitucionales al no deliberar en una reunión formal del Gabinete antes de declarar la ley marcial el 3 de diciembre. Han dijo que no conocía a ningún miembro del Gabinete que hubiera expresado apoyo a la medida de Yoon.
Yoon regresó a la sala del tribunal cuando los magistrados convocaron a otro testigo, Hong Jang-won, ex primer subdirector de la agencia de espionaje de Corea del Sur.
Durante la vista, Hong se atuvo a su declaración anterior de que Yoon le ordenó que ayudara a una unidad de contrainteligencia de defensa a detener a políticos clave, incluidos el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, y el líder de la oposición, Lee Jae-myung. Visiblemente molesto, Yoon negó haber ordenado ninguna detención y acusó a Hong de mentir y falsificar pruebas.
Yoon fue acusado el 26 de enero por cargos de rebelión, que conllevan una posible pena de muerte o cadena perpetua. En Corea del Sur, los presidentes tienen inmunidad ante la mayoría de los procesos penales, pero no por cargos de rebelión o traición. La acusación alega que su imposición de la ley marcial fue un intento ilegal de cerrar la Asamblea Nacional y arrestar a políticos y autoridades electorales. El conservador Yoon ha afirmado que su declaración de ley marcial fue una advertencia temporal a la oposición progresista y que siempre había planeado respetar la voluntad de los legisladores si votaban para levantar la medida.
Los poderes presidenciales de Yoon quedaron suspendidos cuando fue apartado el 14 de diciembre, lo que dejó su carrera política en manos de la Corte Constitucional.
La ley marcial fue levantada aproximadamente seis horas después de que Yoon la declarara, pero ha causado agitación política, interrumpido la diplomacia de alto nivel y puesto a prueba la resiliencia de la democracia del país.
Los partidarios conservadores de Yoon se amotinaron en la Corte del Distrito Occidental de Seúl después de que autorizara su arresto el mes pasado, mientras que sus abogados y el partido gobernante han cuestionado abiertamente la credibilidad de los tribunales y los cuerpos de seguridad que manejan el caso.
Yoon ha continuado expresando desprecio por sus rivales progresistas por obstruir su programa legislativo y ha respaldado teorías de conspiración infundadas sobre fraude electoral para justificar su fallido impulso autoritario.
El ministro de Defensa de Yoon, el jefe de policía y varios comandantes militares también han sido arrestados y acusados de rebelión, abuso de poder y otros cargos relacionados con el decreto de ley marcial, que incluyó el despliegue de cientos de tropas fuertemente armadas en la Asamblea Nacional y las oficinas de la Comisión Electoral Nacional.
GPE