En México, al menos 38.4 por ciento de la población habita en una vivienda no adecuada. Además, en 2018, 10 por ciento de los hogares contó con un ingreso anual de 22 mil 494 pesos, del cual destinan 30 por ciento de sus ingresos para adquirir una vivienda en pagos hipotecarios, aseguró Roberto Eibenschutz, miembro del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos.
En el panel El estado actual de los servicios públicos en México, de MILENIO Foros Aproximaciones y retos para la vivienda social en México, el maestro Eibenschutz propuso a las autoridades que en lugar de seguir realizando pocos proyectos de miles de viviendas fuera de las ciudades, se realicen miles de proyectos de pocas viviendas dentro de las ciudades, para garantizar su acceso a la población más vulnerable.
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El integrante del Programa de Investigación en Estudios Metropolitanos dijo que, aunque los esfuerzos generados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comision Nacional de Vivienda (Conavi), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) han sido significativos para construir o mejorar progresivamente la vivienda de los ciudadanos, la magnitud del problema es de dimensiones monumentales y requiere la definición de nuevas políticas.
“Es indispensable modificar la distribución de los recursos destinados a la vivienda para buscar una congruencia mínima con la magnitud características de la población, de adecuar las normas a la realidad social que queda fuera de la cobertura nacional”, destacó.
En cuanto a la accesibilidad de los servicios públicos, en el panel El panorama actual de los servicios públicos en el mundo, Hugo Silva, profesor de la Universidad Católica de Chile señaló que actualmente es difícil que los ciudadanos accedan a estos servicios en un cuarto de hora, pues al menos en la Ciudad de México, las personas pasan por lo menos tres horas en el transporte público; destacó que es clave pensar en las personas más que en los vehículos; pues muchas veces la infraestructura está pensada para los autos.
En ese sentido, Silva indicó que para que los hogares más pobres dejen de destinar 60 por ciento de sus ingresos en el transporte se debe priorizar la inversión y las políticas en mejorar la accesibilidad de las personas de la periferia.
“Hay un desafío grande que está relacionado con la accesibilidad; al momento de construir viviendas hay que mirar dónde se están ubicando”, mencionó el profesor de la Universidad Católica de Chile.
Por su parte, Sarah Williams, directora del Civic Data Desing Lab, dijo que es necesario transitar a un desarrollo urbano sostenible a través de un análisis de datos, sin embargo, uno de los problemas es que no se cuenta con la información necesaria y falta capacitación para que el análisis contribuya al desarrollo urbano sostenible, que sea integral y reduzca la brecha de desigualdad.
“Si uno puede imaginar la ciudad de los 15 minutos y entender cuál es el problema, los datos nos pueden ayudar, pero deben estar en el dominio público”, expresó Williams.
AMP