Abogados de empresas en México se alistan para defender a inversionistas en materia de energías renovables, ante la potencial aprobación de la reforma en materia de electricidad, propuesta por el gobierno federal, al preverse amparos y denuncias que llegarán a cortes internacionales de ser avalada por el Congreso de la Unión.
Al ser uno de los temas relevantes en la profesión para las próximas semanas, el titular de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), Moisés Castro Pizaña, mencionó que espera un escenario en los tribunales cuyas implicaciones afectarán al Estado Mexicano, por las indemnizaciones y multas que deberá pagar ante la ola de quejas de la iniciativa privada.
El directivo estuvo presente este viernes en Tampico para mantener una charla con dueños de negocios y representantes de cámaras empresariales del sur de Tamaulipas, de cara a tener una representación del organismo en esta región del país.
“Tenemos suficientes abogados en materia de derecho energético y las empresas podrán ser asesoradas por los despachos que ellos consideren, como internamente con los contratados. Incluso, ya están preparados para qué actúen si la reforma se aprueba como viene planteada”, explicó.
Preocupación generalizada
Está minuta debatida en la Cámara de Diputados, a través de diversos parlamentos donde acudieron miembros del sector privado y especialistas, junto a diputados federales de todas las fracciones, está en la propuesta de discutirse y, en su defecto, aprobarse en los siguientes meses en San Lázaro.
“La opinión generalizada de muchos abogados de empresas de energías renovables, es la preocupación por los compromisos internacionales e inversiones hechas a mediano y largo plazo. Su expectativa era una recuperación en 15 años y ante el cambio de escenario que plantea la reforma, implicaría de facto que no se cumplan esos compromisos”, reiteró.
Por esta razón, Castro Pizaña apuntó que los representantes legales de las empresas recurrieron a amparos sobre alguna circunstancia. De pasar, explicó, vendrán las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y más amparos al entrar en vigor. De llegar a ese escenario, el Estado Mexicano pagará un “alto costo de indemnizaciones” y terminará en tribunales fuera del país.
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