Erik Seiersen maneja una nueva crisis cada día. “Trabajo en México desde 1990 y nunca había visto este nivel de volatilidad e inseguridad”, dice el director en México del grupo británico de bebidas Diageo y presidente de la comisión de vinos y licores del país.
En casi todos los frentes, 2017 fue un año catastrófico por la delincuencia en México. Los niveles de homicidios son más altos que en los peores años de la guerra contra los cárteles del narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón. Octubre fue el mes con más homicidios en 20 años, con 2 mil 371 asesinatos, de acuerdo con datos oficiales. Los delitos en prácticamente todas las categorías —desde homicidios y robos hasta extorsión o secuestro — van en aumento. Solamente los atracos a bancos y el robo de ganado van a la baja.
Algunos delitos son particularmente impactantes: el decimosegundo periodista asesinado este año murió a tiros en el festival de Navidad de la escuela de su hijo. En noviembre, frente a una estación de televisión, tiraron una hielera con dos cabezas humanas. Recientemente colgaron seis cuerpos en puentes en el estado de Baja California Sur, un lugar con atractivo turístico.
A medida que la crisis de seguridad se propaga más allá de los centros dominados por los cárteles a todos los estados, con excepción de un puñado de ellos, los legisladores en diciembre consagraron el papel del Ejército de una década de patrullar y combatir al crimen en una ley polémica. Los críticos, entre ellos Zeid Ra’ad al Hussein, director de derechos humanos de la ONU, calificó la ley como ambigua y abierta al abuso.
Para Seiersen y otros líderes empresariales que utilizan las carreteras y la red ferroviaria para transportar todos los días mercancías con un valor de miles de millones de dólares, la crisis de seguridad es una pesadilla logística y un costoso golpe al rostro después de toda las inversiones que han hecho en la segunda mayor economía de América Latina.
Se volvió muy arriesgado transportar mercancía por ferrocarril cuando los ladrones comenzaron a vaciar los cargamentos de alcohol, televisores, iPhones y otro tipo de bienes de consumo de alto valor y realizaban bloqueos para mantener a raya a la policía. A mediados de año muchas compañías cambiaron al transporte por carretera para tratar de lograr que sus productos llegaran intactos al mercado, pero con un costo.
“Cuando cambias a camiones, los costos tienen un gran aumento”, dijo Seiersen, entre ellos las sorprendentes primas de seguros. La base de costos totales de una compañía puede “dispararse 100, 200 o 300 por ciento” agregó.
La comisión de la Industria de Vinos y Licores, que encabeza Seiersen, dice que hubo 151 robos en 2017, de más de 109 mil cajas de alcohol con valor de 352 millones de pesos (18 millones de dólares). No hay cifras comparativas, pero dice que los niveles de 2016 fueron “mínimos”.
“No solamente es el robo de la carga. Venden los productos en mercados ilegales a un precio por debajo del costo de producción y compiten con nuestros propios productos”, dice Leonardo Gómez, director de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), una organización que agrupa a los principales usuarios del transporte por carretera. El gobierno también pierde millones de dólares en ventas y otros impuestos.
Las compañías trataron de enviar camiones en grandes convoyes por seguridad en los números. En una ruta clave, entre la ciudad de Puebla y el puerto de Veracruz, las cosas se pusieron tan mal que “no era una probabilidad que te asaltaran, era un hecho”, dijo Seiersen.
A medida que las carreteras clave se volvieron intransitables, las empresas volvieron a cambiar al transporte en ferrocarril en noviembre. Pero los analistas no ven en el horizonte medidas significativas para combatir la crisis de delincuencia ya que los políticos se enfocan en las elecciones presidenciales en julio y las duras negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).
“Esta crisis todavía no llega a su pico”, advierte Gustavo Mohar, ex subsecretario de gobernación. “Si no tomas medidas consistentes, drásticas y permanentes, seguirá creciendo”.
Parte del problema es la policía de México. Los policías están mal pagados, lo que los deja más expuestos a aceptar sobornos, y quedan superados por lo que Mohar llama “una emergencia de seguridad pública”.
Desde el papel que tuvo la corrupta policía municipal en la desaparición de 43 estudiantes en 2014 ubicó a las inadecuadas fuerzas policiales de México bajo una dura atención, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha prometido una transformación. Pero se ha hecho poco.
La fuerza civil, una poco común historia de éxito de la policía en el centro empresarial del norte de México en el estado de Nuevo León, ha “visto mucha deserción, un debilitamiento progresivo y los niveles de violencia han subido de nuevo”, dice Enrique Guerrero, analista de seguridad. “Es trágico”.
La nueva Ley de Seguridad Interior se aprobó en un intento para ofrecer un marco para el papel de los militares en las tareas de la policía. Pero como Eunice Rendón, ex funcionaria de gobierno y coordinadora de la ONG Red Viral, señala “en 28 de los 32 estados, hay algún tipo de presencia militar. Esto no es normal en cualquier democracia”.
Mientras tanto, la estrategia “central” del gobierno de eliminar a los jefes de los cárteles ayudó al surgimiento de 241 grupos criminales que manejan círculos de extorsión y de grupos de intimidación, estima Guerrero.
Una de las actividades criminales más lucrativas fue el robo de combustible. Pero a medida que las fuerzas de seguridad comenzaron a acercarse, los ladrones se diversificaron al robo de mercancías.
“Queremos invertir en México”, dijo Seiersen. “Pero el nivel de inseguridad es insólito...la gente va perder interés en invertir en México”.